El magistrado Juan Carlos Granados, vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá que absolvieron en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe en el proceso por soborno a testigos. La decisión, firmada el 9 de febrero, involucra a Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto, por presuntas violaciones al régimen de inhabilidades.
Mientras tanto, la situación jurídica de Granados sigue en etapa de revisión, ya que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en 2018 en el caso Odebrecht, vinculado a presuntos acuerdos para favorecer a esa constructora con contratos en Colombia. La investigación original en la Corte Suprema de Justicia fue trasladada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados tras su elección como magistrado, en un proceso que aún no cuenta con resolución definitiva.
El expediente del caso Odebrecht cambió de jurisdicción en 2018, cuando Granados fue nombrado magistrado, y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados en medio de varias actuaciones sin resolución desde 2021. La ley permite que, en caso de mantenerse las decisiones internas, Granados pueda asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2027, sin que su proceso penal esté definido.
La denuncia contra Granados está relacionada con un supuesto intento de favorecer a Odebrecht en la adjudicación de un contrato vial en Boyacá, a cambio de una transferencia de 200 millones de pesos. La Fiscalía lo imputó por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Según la investigación, Granados se habría reunido con representantes de Odebrecht, mediado por el exsenador Plinio Olano, en un encuentro donde supuestamente se pactó un apoyo económico a la campaña de Granados a la Gobernación de Boyacá, a cambio de favorecer la adjudicación de un tramo vial cuyo valor oscilaría entre 200 y 350 mil millones de pesos.
Adicionalmente, el nombre de Granados ha sido mencionado en una denuncia presentada por el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), que involucra a su esposa Patricia Reyes en supuestos contratos por más de 434 millones de pesos en la Personería y en la CAR Cundinamarca, donde también habría obtenido contratos antes de ocupar cargos en la administración pública. La denuncia señala posibles conexiones administrativas entre funcionarios que han coincidido en cargos públicos, incluyendo un vínculo previo entre Granados y el personero distrital.
El magistrado Juan Carlos Granados, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad Santo Tomás, donde recibió mención Cum Laude, ha desempeñado diversos cargos públicos. Fue concejal, alcalde de Nobsa, representante a la Cámara, gobernador de Boyacá y contralor de Bogotá antes de integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Además, fue docente y director del Doctorado en Derecho en la misma Universidad Santo Tomás, con estudios en democracia, régimen electoral, derecho internacional del transporte y gobierno municipal, así como maestrías en Seguridad y Defensa Nacionales y en Derecho Disciplinario.
