Una inspección sorpresa en 124 prisiones de Colombia reveló que, tras revisar las celdas de más de 20,000 reclusos, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encontraron una considerable cantidad de artículos prohibidos, incluyendo más de 1,300 teléfonos móviles, drogas, armas, licor y dinero en efectivo. El balance oficial reporta la incautación de 1,320 celulares, 27 kilos de drogas, 480 armas cortopunzantes, 1,700 tarjetas SIM y 620 litros de bebidas alcohólicas, además de dinero en efectivo por hasta 13 millones de pesos.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó los resultados como 'positivo, pero triste', señalando que estos hallazgos reflejan la problemática persistente en el sistema penitenciario. Sin embargo, varias figuras políticas y expertos han expresado su preocupación por los niveles de privilegios y ‘lujos’ que disfrutan algunos reclusos en el país.
Julio César Rivera, docente del consultorio jurídico en la Universidad Politécnico Gran Colombiano, destacó en entrevista con Infobae Colombia que el ingreso masivo de teléfonos en las cárceles responde a una necesidad fundamental de comunicación con sus familiares, un derecho constitucional que, según la Corte Constitucional, no debe ser cercenado.
No obstante, el experto también alertó sobre el uso indebido de estos dispositivos para actividades ilícitas, como extorsiones o fraudes, lo que hace urgente restringir su uso y buscar mecanismos alternativos para mantener esa comunicación. Como una posible solución, Rivera indicó que, dadas las carencias actuales en infraestructura y seguridad en las cárceles, sería viable que el Estado implemente cabinas con tecnología adecuada para facilitar comunicaciones controladas y seguras.
Finalmente, Rivera advirtió que, ante el hacinamiento, la inseguridad y la falta de recursos, las autoridades podrían verse obligadas a regular el uso de teléfonos celulares en los centros penitenciarios mediante leyes que aún están en discusión para 2025. La problemática evidencia las profundas fallas en el sistema carcelario colombiano, que continúa permitiendo privilegios que alimentan la desigualdad y complican la seguridad pública.
