Luis Fernández Albín, presunto narcotraficante uruguayo y aliado del prófugo Sebastián Marset, inició este domingo una huelga de hambre en la cárcel de Uruguay, acompañado por otros internos en protesta por las condiciones de su reclusión. Tras su extradición desde Argentina, Fernández Albín fue imputado por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando, y actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Libertad, considerado uno de los más peligrosos del país.
Las autoridades penitenciarias, que describen al imputado como un preso de 'alto riesgo', mantienen que su aislamiento y las condiciones de su encarcelamiento son necesarias para prevenir riesgos a la seguridad pública. Sin embargo, la defensa del narcotraficante añadió recursos de habeas corpus y denuncia que su salud mental está en peligro debido al aislamiento y lo califica como una 'tortura psicológica'. La justicia, por su parte, sostiene que sus derechos están garantizados.
La huelga de hambre fue iniciada por Fernández Albín y otros reclusos del sector conocido como La Piedra, en el Penal de Libertad. En una carta manuscrita, los internos manifestaron su apoyo y denunciaron que se vulneran sus derechos, solicitando al Ministerio del Interior mejorar sus condiciones y mostrar mayor benevolencia en las medidas de reclusión. Los presos expresaron su intención de mantener un ayuno voluntario y pacífico para llamar la atención de las autoridades.
La reacción de las autoridades ha sido considerarla una respuesta a la reciente desarticulación de una banda criminal vinculada a Fernández Albín. Los defensores del imputado alertan sobre el riesgo para su salud mental, mientras que el Consejo de Rehabilitación insiste en que las condiciones de reclusión son necesarias para reducir su capacidad de coordinación criminal.
El Instituto Nacional de Rehabilitación, responsable de la gestión penitenciaria, mantiene las condiciones de aislamiento, y en un estudio psicológico, Fernández Albín reportó haber tenido ideas suicidas y sentirse 'aislado, sofocado y incomunicado'. La prisión está equipada con videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores, doble cerca y muros perimetrales para garantizar la seguridad.
Este caso ha generado controversia en Uruguay, poniendo en debate los límites entre seguridad y derechos humanos en el sistema penitenciario, en medio del contexto de lucha contra el crimen organizado en la región.
