La reciente liberación de dos policías municipales implicados en la agresión a una mujer y su hija menor en Chimalhuacán, Estado de México, generó indignación entre familiares, vecinos y usuarios de redes sociales. Los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2025 en el Barrio San Pedro, donde, según denuncias y videos difundidos, varios sujetos, presuntamente policías vestidos de civil, golpearon brutalmente a la mujer, agredieron a su hija y buscaron abusar sexualmente de ella. Las grabaciones muestran una violencia extrema y presunto estado de afectación por sustancias ilícitas durante el ataque.
Tras la difusión del material, el 29 de noviembre del 2025, la policía detuvo a Pablo Fuentes Padrón y Aron Fuentes, uno de ellos oficial municipal, durante un operativo que incluyó detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, en decisiones recientes, un juez liberó a Pablo Fuentes por no vincularlo a proceso, mientras que Aron Fuentes, procesado solo por lesiones, salió del penal Neza-Bordo con un brazalete electrónico. Por su parte, un tercer involucrado, presunto participante en la agresión, continúa prófugo, según familiares de las víctimas.
La clasificación del delito de tentativa de feminicidio como lesiones simples fue un factor que, según denunciaron familiares y activistas, facilitó la liberación de los acusados. La familia de las víctimas expresó que viven con miedo constante, temiendo que los agresores puedan regresar. Vecinos del Barrio San Pedro también manifestaron su preocupación por la inseguridad y cuestionaron que, a pesar de las evidencias, los acusados hayan retornado a la calle.
Las redes sociales calificaron la decisión como un acto de impunidad y exigieron una revisión por parte de instancias superiores. Familiares y colectivos acusaron a las juezas Yolanda Romero y Nuria Andrómeda Anaya de permitir la liberación, considerándola como una revictimización y una señal negativa en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Organizaciones civiles han exigido que el caso sea revalorado como tentativa de feminicidio y que se reabran las investigaciones. Ante la controversia, solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para supervisar la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, además de medidas de protección por la seguridad de las víctimas. La familia manifestó su intención de continuar con denuncias públicas y procesos legales hasta lograr justicia y sanciones para los responsables.
