La Ley de Rentas Justas, impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propone una regulación profunda del mercado de alquiler en la capital del país. Presentada en febrero de 2026 al Congreso local, la iniciativa busca responder al continuo aumento en los costos de renta y aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias que destinan gran parte de sus ingresos al pago de vivienda.
El objetivo principal es que las rentas se mantengan dentro de parámetros razonables, evitando incrementos desmedidos, desalojos y desplazamientos en colonias tradicionales, fenómenos asociados a procesos de gentrificación. Entre las principales medidas, la iniciativa establece un tope a los aumentos anuales, que no podrán superar la inflación, garantizando mayor certidumbre para inquilinos y arrendadores.
La propuesta también regula el mercado de arrendamiento mediante criterios transparentes para prevenir prácticas abusivas. Aunque no contempla congelar rentas, habilita la intervención del gobierno en casos de aumentos injustificados o situaciones que vulneren el derecho a la vivienda.
Un aspecto destacado es su enfoque en evitar la expulsión de familias de zonas con alta presión inmobiliaria. Para ello, se plantea la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo que mediará en conflictos relacionados con rentas, contratos y desalojos, promoviendo el diálogo y el cumplimiento de la ley.
La Ley de Rentas Justas forma parte de una política integral de vivienda que incluye programas de rehabilitación y mejoramiento de unidades habitacionales. Destaca el programa Otoch, que en 2026 contará con una inversión de 600 millones de pesos para intervenir más de 2,500 conjuntos habitacionales, realizando mantenimiento, mejoras en seguridad, iluminación e infraestructura, con la finalidad de fortalecer la comunidad y elevar la calidad de vida.
Según el gobierno capitalino, esta iniciativa responde a la problemática de miles de personas que destinan una proporción excesiva de sus ingresos al pago de renta, limitando su ahorro y estabilidad económica. La propuesta busca ordenar el mercado de alquiler, limitar los aumentos a la inflación, proteger a los inquilinos y garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
De ser aprobada, la Ley de Rentas Justas posicionaría a la Ciudad de México como un referente en regulación de rentas y derechos habitacionales a nivel nacional, promoviendo un entorno más justo y sostenible para las familias capitalinas.
