Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador registraron este miércoles en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para formalizar el reconocimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ). Este programa, que opera desde 2013 con el respaldo de más de 700 facilitadores voluntarios y presencia en más de 91 juzgados de paz en todo el país, busca fortalecer la confianza en la justicia y promover la resolución pacífica de conflictos.
El anteproyecto legislativo, elaborado con apoyo técnico de la Misión Internacional de Justicia (IJM) y con participación de actores locales y líderes comunitarios, pretende consolidar formalmente al SNFJ como un mecanismo estable de acceso a la justicia. La propuesta define funciones, límites, estructura organizativa y derechos de los facilitadores, con el fin de garantizar un acceso más humano y cercano a los ciudadanos.
Aunque aún no ha sido discutido en pleno, se espera que la próxima semana la iniciativa pase a discusión en la sesión plenaria. La propuesta responde a un contexto regional en el que el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha consolidado una modelo de acceso a la justicia en América Latina, presente en once países y con más de veinte años de trayectoria.
El PIFJ ha promovido la creación de redes de facilitadores y programas similares, como el Programa Nacional de Justicia en Equidad en Colombia y las Orientadoras Judiciales en Perú, con metodologías similares y objetivos de inclusión social y resolución alternativa de conflictos. La iniciativa busca fortalecer estos modelos en la región, coordinando asistencia técnica y promoviendo la integración de facilitares en distintos niveles territoriales.
En El Salvador, el Servicio de Facilitadores Judiciales consiste en una red de personas acreditadas que colaboran con la justicia local, facilitando la difusión jurídica y promoviendo métodos pacíficos para solucionar disputas comunitarias. Los facilitadores, seleccionados por sus propias comunidades y en contacto directo con el poder judicial, trabajan para garantizar el derecho de acceso a la justicia y fortalecer la cohesión social.
Asimismo, el PIFJ reconoce programas similares en otros países, como los conciliadores en igualdad en Colombia y las orientadoras judiciales en Perú, quienes cumplen roles equivalentes en la promoción de justicia inclusiva y en la superación de obstáculos para grupos vulnerables. La labor de estos facilitadores abarca cuatro ejes principales: la implementación y fortalecimiento de servicios, la capacitación de los actores, la optimización de su funcionamiento y la difusión de actividades relacionadas con la resolución alternativa de conflictos.
El programa opera bajo la Secretaría General de la OEA, específicamente en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, consolidando su papel como una estrategia regional para ampliar el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe.
