La disputa por la administración del Puerto de Ushuaia, la terminal portuaria más austral de Argentina, fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, que será la autoridad encargada de resolver el conflicto. La causa, que involucra a la administración local y nacional, ingresó formalmente en la Suprema el miércoles 18 de febrero, luego de una serie de movimientos procesales en tribunales del sur del país.
El proceso se aceleró tras que el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, declarara el 10 de febrero su incompetencia para intervenir en una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobernador Gustavo Melella contra el Estado Nacional. La estrategia de las partes buscó agilizar la transferencia del expediente a la máxima instancia judicial.
El fiscal federal interino, Fernando Rota, expresó su consentimiento con la declaración de incompetencia y solicitó la remisión inmediata del expediente, renunciando a los plazos procesales. La defensa del gobierno provincial, representada por el abogado constitucionalista Antonio María Hernández, también promovió la elevación directa del caso.
A la espera de que la jueza federal subrogante, Mariel Borruto, remita formalmente el expediente, la controversia se originó a partir de una resolución de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) emitida el 20 de enero, que suspendió la habilitación del muelle y ordenó una intervención administrativa, técnica y operativa.
Según informó el organismo, bajo la órbita del Ministerio de Economía, la medida se fundamentó en una auditoría realizada en octubre de 2025 que detectó deficiencias en seguridad estructural y falta de inversiones en el puerto. La Casa Rosada argumentó que la provincia vulneró el convenio de transferencia firmado en 1992 y que la Ley provincial 1.596, sancionada en julio de 2025, autorizó el uso de fondos portuarios para financiar la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y préstamos por 4.200 millones de pesos, violando compromisos de transparencia y autonomía provincial.
Desde la provincia, el intendente Gustavo Melella y su legal equipo consideraron que la intervención nacional vulnera la autonomía local y el sistema federal. La provincia solicitó en tribunales una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución de la ANPyN y declaró que la medida afectaba sus competencias exclusivas.
Roberto Murcia, ex director provincial de Puertos, negó los argumentos de desvío de recursos y afirmó que los fondos sancionados en 2025 no fueron transferidos a la OSEF, sino que constituían una inversión respaldada por garantías bancarias y rendimientos financieros, por lo que no afectaron la operatividad de la terminal.
Actualmente, el control operativo del puerto está en manos de empleados designados por la ANPyN, quienes responden a directivas del sindicalista Juan Avellaneda, líder de la Unión del Personal Superior Ferroviario en Tierra del Fuego. Avellaneda fue uno de los principales impulsores de la denuncia administrativa que derivó en la intervención.
La situación impacta en un momento crítico para la actividad portuaria, pues coincide con la temporada alta de cruceros, que moviliza a más de 700 embarcaciones anualmente y genera un flujo de más de 232,000 pasajeros en 2024. Además, el puerto es clave para la economía local, ya que en 2025 movilizó más de 19,300 contenedores que aseguran insumos esenciales para la industria electrónica fueguina, todo bajo la incertidumbre del dictamen final de la Corte Suprema.
