La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal autorizó el pasado viernes a la Unidad de Información Financiera (UIF) a apelar su expulsión como querellante en la investigación por lavado de activos relacionada con el fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz. La decisión, alcanzada mediante un recurso de casación, permitirá al organismo estatal intentar revertir la resolución que lo apartó del proceso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia firmaron el fallo y explicaron que, aunque una expulsión no termina la causa, en este caso constituía una excepción justificada, ya que no revisar la medida podría ocasionar un daño irreversible o de difícil reparación al Estado. La UIF fue emplazada para comparecer y presentar su recurso en un plazo de tres días desde la admisión del expediente en la instancia superior. La acción de la UIF busca revertir una resolución de diciembre de 2025, emitida por esta misma sala, que revocó una decisión previa del juez Sebastián Casanello y ordenó excluir a la entidad de la causa, tras cuestionamientos de sus defensas sobre la legitimidad de su participación. La resolución benefició principalmente a Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y a otros imputados como Carlos Gellert, Perla Puente, Temístocles Cortez, Juan Manuel Campillo e Isidro Bounine. La decisión 'a favor' fue aprobada por Bertuzzi y Bruglia, mientras que el juez Mariano Llorens votó en disidencia, argumentando que la UIF sí tenía facultades legales para seguir siendo parte acusadora. Paralelamente, el proceso principal avanza en manos del juez federal Ariel Lijo, quien el 3 de febrero recibió el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para elevar a juicio a 35 imputados acusados de una estructura dedicada a la gestión de fondos ilícitos. La habilitación actual coloca el destino procesal de la UIF en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, que será la encargada de analizar los argumentos del organismo y determinar si mantiene su exclusión o restituye su papel de querellante en la causa.