La Justicia de Santa Fe ordenó la prohibición total de la difusión del video y grabaciones sonoras relacionadas con el asesinato de Jeremías Monzón, cometido en diciembre pasado. La medida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y responde a la circulación de esos registros en redes sociales y medios de comunicación, generando un impacto negativo y afectando a la familia de la víctima. La resolución, aplicada a plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram y X (antes Twitter), busca retirar, bloquear y eliminar cualquier contenido vinculado al ataque, bajo advertencias de sanciones por incumplimiento, según informó la jueza Silvina Inés Díaz.
El caso de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado con 23 puñaladas tras ser emboscado por tres menores, ha conmocionado a la sociedad santafesina. La víctima fue vista con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió en bicicleta hacia Santa Fe. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en un galpón abandonado en el barrio Chalet, con heridas profundas causadas por un arma blanca de fabricación casera. La investigación revela que una de las implicadas, una adolescente de 16 años, citó a Jeremías y lo llevó al lugar donde estaban otros involucrados, uno de los cuales grabó el ataque.
Actualmente, la causa cuenta con cuatro implicados, dos de los cuales están arrestados: la joven de 16 años vinculada al homicidio y su madre, quien quedó con prisión preventiva y es imputada como partícipe secundaria, tras una audiencia en la que el fiscal Francisco Cecchini afirmó que la madre prometió ayudar a los agresores antes del crimen. Los otros dos involucrados son menores de 14 años, quienes no pueden ser juzgados penalmente por su edad, y en una audiencia próxima se decidirá qué medidas se adoptarán en coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
La familia de Jeremías continúa reclamando cambios en el régimen penal juvenil y promueve la llamada “Ley Jeremías Monzón”, que busca reducir la edad de imputabilidad en delitos graves cometidos por menores. A través de campañas en redes sociales y puntos en la ciudad, recolectan firmas y difunden información para impulsar reformas legales y exigir justicia. En ese marco, la prohibición de difusión del material audiovisual busca evitar la revictimización y proteger la dignidad de la familia y la memoria del adolescente fallecido.