La Justicia de Neuquén decidió prolongar por cuatro meses la investigación en contra de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, destituida por presuntos hechos de corrupción, en el marco de una causa que involucra enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta de fondos públicos en la Legislatura provincial. La resolución, firmada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, responde a un pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien resaltó la necesidad de seguir con la recopilación de pruebas clave para el avance del expediente. La prórroga, vigente hasta el 17 de junio, mantiene las medidas cautelares sobre los bienes de Ruiz y otros imputados, con el fin de asegurar posibles decomisos y resarcimientos económicos al Estado. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén informaron que la investigación técnico-contable sobre el patrimonio de Ruiz está en su fase final y que aún restan entrevistas a personal administrativo y diputados vinculados a la causa. Además, se contempla la ampliación de informes audiovisuales y la posible incorporación de nuevos imputados. La investigación comprende a varios ex funcionarios y allegados, además de Ruiz. Entre ellos se encuentran María Isabel Richini, ex secretaria de Cámara, acusada de participar en maniobras irregulares, y Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora, excoordinador de la Casa de las Leyes, quien enfrenta cargos por peculado. Además, se indaga a Éilda Noemí Sánchez por presunta intervención en acciones de administración fraudulenta. La Justicia mantiene los embargos sobre los principales involucrados: a Ruiz le fue retenida su vivienda en Plottier y sus cuentas bancarias por un monto de más de 121 millones de pesos; a Richini, dos inmuebles por aproximadamente 90.5 millones de pesos; y a Pablo Ruiz y Sánchez, con inhibiciones patrimoniales generales. La Fiscalía de Estado provincial actuó como querellante en la audiencia, respaldando la postura del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos continúa al frente de la investigación, con apoyo de asistentes abogados. El juez Kees sostuvo que no existen elementos que reduzcan el riesgo procesal y, por ello, los embargos y medidas inhibitorias permanecen vigentes, en línea con dictámenes de tribunales superiores. La causa, que se inició en 2024 cuando Gloria Ruiz era vicepresidenta, sigue en curso bajo supervisión judicial, centrada en la gestión y destino de los fondos públicos de la Legislatura neuquina. En su declaración durante la audiencia, Ruiz afirmó que desconocía el depósito de dinero en la cuenta de su hermano y negó que hubiera mala fe en ese asunto. También defendió la asignación de cargos a familiares y el trabajo de su esposo, Claudio Costa, en cargos menores, rechazando que esas relaciones impliquen favoritismos o irregularidades.
