¿Te imaginas que alguien ocupe un puesto clave en el Gobierno, pero esté involucrada en un escándalo de falsificación de títulos universitarios? Eso es exactamente lo que está sucediendo con Juliana Guerrero.
El pasado jueves 29 de enero de 2026, se desató una polémica nacional por la permanencia de Guerrero como delegada del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a pesar del fuerte escándalo que la vincula con un presunto 'cartel de diplomas' en la Fundación Universitaria San José.
Lo sorprendente es que, a pesar de las evidencias y de que su propio diploma fue anulado en noviembre pasado debido a irregularidades, Guerrero sigue representando a la administración de Gustavo Petro en ese organismo. ¿Cómo es posible que alguien bajo investigación por falsedad en documento público y fraude procesal siga en ese cargo? La respuesta está en que, según los estatutos de la universidad, no se exige contar con un título profesional para ser representante del Consejo Superior, sino haber tenido vínculos previos con el sector universitario.
Este caso cobró relevancia cuando se conoció que la hoja de vida de Guerrero aparecía en el portal oficial de la Presidencia de la República para un puesto de alto nivel: viceministra de Juventud. Sin embargo, las dudas sobre la autenticidad de sus credenciales y su juventud, solo 23 años, sembraron sospechas que llevaron a que la postulación fuera cancelada, gracias en parte a las denuncias de las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao.
El escándalo se intensificó cuando se reveló que Guerrero no había presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia para obtener una formación profesional, y que su diploma fue expedido sin cumplir con los protocolos legales. La Fundación San José admitió que Guerrero no tiene constancia de asistencia a clases ni de calificaciones validas, y que el pago de matrículas y derechos de grado fue extemporáneo.
¿Y qué pasa con la universidad? La institución confirmó que al menos otros 40 títulos, relacionados con irregularidades similares, también fueron anulados por un esquema de fraude académico a gran escala. Esto llevó al Ministerio de Educación a iniciar un proceso de inspección y vigilancia, y a la Procuraduría a abrir una investigación disciplinaria.
A pesar de todo este lodazal, Guerrero continúa en su cargo sin aparentes limitaciones. ¿La razón? Los estatutos de la Universidad San José no exigen tener un título válido para ser representante del Consejo Superior. Solo basta haber tenido vínculos previos con la institución, y Guerrero lo cumple por su rol pasado como representante estudiantil.
¿Hasta cuándo se sostendrá esta situación? La respuesta podría estar en cómo evoluciona la investigación y en si la autoridad decide tomar medidas concretas. Lo que sí es claro es que este caso revela una problemática profunda en la acreditación académica y el control en las instituciones de educación superior en Colombia. La pregunta que queda es: ¿hasta qué punto la política protege a quienes, como Guerrero, están involucrados en escándalos de esta naturaleza?
