El 3 de marzo a las 2:00 de la tarde, el Poder Judicial de Perú programó el inicio del juicio oral contra el expresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La audiencia será virtual, y Rospigliosi deberá conectarse obligatoriamente. En caso de no hacerlo, será declarado reo contumaz y la Policía Nacional del Perú podrá conducirlo por la fuerza al proceso, según lo determinado por la resolución del Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema a la que tuvo acceso Infobae. Además, el juez ordenó comparecencia simple para el diputado fujimorista y citó a su abogado Humberto Abanto; en caso de no comparecer, será reemplazado por un defensor público. La misma resolución advierte a Espinoza que, si no participa en la audiencia, la querella por difamación será archivada. La denuncia se presentó tras que Rospigliosi, a través de la red social X, calificara a Espinoza como 'aliada del terrorismo y de las economías ilegales', vinculándola con reuniones con familiares de víctimas de protestas antigubernamentales y apoyando el encarcelamiento de policías y militares que evitaron el asalto al gobierno de Pedro Castillo. La exfiscal envió una carta notarial al congresista solicitando una rectificación, pero este se negó a retractarse, afirmando que sus comentarios reflejan su opinión personal. Espinoza busca que Rospigliosi sea condenado a 2 años y 4 meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles, que donará al Hospital de Neoplásicas. Una condena por difamación podría impedir que Rospigliosi postule a cargos públicos, pues la Constitución establece restricciones para quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos, similar al caso de la exparlamentaria Ana Zegarra, excluida de la contienda electoral por tener una sentencia pendiente por falso testimonio. La audiencia representa un paso clave en el proceso legal contra el congresista, que podría impactar sus aspiraciones políticas en el futuro.
