El Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 de Dolores dictó una sentencia que rechaza una demanda por presunta negligencia profesional contra una abogada en un caso relacionado con un trámite de jubilación en Argentina. La resolución judicial señala que la profesional actuó conforme a las resoluciones administrativas y con la documentación aportada por el cliente. La causa, presentada en 2019, involucraba a un hombre que buscaba una compensación superior a los 500,000 pesos, tras considerar que su abogada no verificó correctamente los requisitos para obtener la jubilación ordinaria y promovió una acción judicial sin fundamentos adecuados. El demandante, que inició su gestión en 2012 o 2013 y solicitó la jubilación en 2015, afirmó que la abogada conocía o debía conocer que faltaban años de aportes necesarios para acceder al beneficio. La abogada, por su parte, sustentó que su actuación se basó en las resoluciones administrativas que reconocían más de 26 años de aportes, mientras que la normativa exigía 35 años. La profesional explicó que recomendó al cliente adquirir aportes adicionales, opción que éste aceptó, y que no tuvo motivos para dudar de las resoluciones oficiales, ya que nunca se le informó de posibles errores. Además, aseguró que solo fue hasta después de la sentencia negativa que descubrió una discrepancia en los aportes reconocidos. La sentencia analizó la relación profesional en términos de obligaciones de medios y no de resultados, y evaluó que la abogada actuó con diligencia, basándose en documentación válida, sin evidencia de negligencia o falta de diligencias. El juez consideró que no existió un nexo causal directo entre la actuación profesional y el daño alegado y que la denuncia carecía de sustentación suficiente para fundamentar una negligencia. La decisión también dispuso que los gastos del proceso corrieran a cargo del demandante y postergó la regulación de honorarios. La resolución resalta que la clienta conocía los periodos laborales reconocidos y que la abogada actuó conforme a la documentación oficial, sin evidencia que la hiciera dudar de los datos suministrados. El caso evidencia la importancia de la correcta gestión documental en trámites previsionales y clarifica el alcance de la responsabilidad profesional en estos procesos.
