La Justicia de La Plata avanzó en la investigación contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados legislativos y referentes políticos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, acusados de liderar un esquema de abusos sexuales agravados, privación ilegal de la libertad y amenazas. Este viernes se realizó una audiencia en el juzgado de garantías a cargo de Juan Pablo Masip, en la que se analizó el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscal Betina Lacki, quien afirmó que existen pruebas suficientes para justificar la medida y proteger a las víctimas.
La fiscalía sostiene que las conductas denunciadas, ocurridas entre 2015 y 2023, incluyen manipulación física y psicológica, además de la utilización de una supuesta secta llamada "Orden de la Luz" para instrumentalizar a las víctimas, en su mayoría jóvenes y recién mayores de edad. Seis casos documentados, con cuatro denuncias presentadas entre 2019 y 2025, apuntan a un patrón de captación mediante promesas de oportunidades educativas o laborales y sometimiento sexual forzado.
Las víctimas relataron episodios de abuso, coerción y amenazas, algunos acompañados de violencia explícita y uso de armas blancas, además de maniobras de control psicológico. Una de las denunciantes explicó que conoció a Nicolás Rodríguez en 2016 mientras estudiaba secundaria, y que tras ganarse su confianza, inició una serie de abusos, incluyendo amenazas para mantener el silencio.
Las investigaciones también incluyen testimonios que describen la utilización de técnicas de manipulación en relación con una figura autodefinida como "ser sobrenatural" y líder de la secta. Además, una víctima relató haber sido sometida a abusos bajo presión y en circunstancias de intimidación, incluyendo amenazas con cuchillos y restricciones físicas.
El expediente se complementa con informes médicos, denuncias anteriores y la participación de órganos estatales como el Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Género del Senado bonaerense. Aunque se dictaron medidas de protección, las víctimas enfrentan dificultades para hacerlas cumplir.
El juez Masip analizará en los próximos días si otorga la prisión preventiva a los acusados o si, por el contrario, se ordena su libertad mientras continúa la causa judicial. La decisión marcará un paso clave en un caso que reveló presuntos patrones de abuso y manipulación en un ámbito político provincial.
