Un hombre de 80 años, que ganó aproximadamente 2.77 millones de euros tras una lotería en 2010, fue condenado en Reino Unido por liderar una red criminal dedicada a la producción y distribución a gran escala de pastillas falsificadas con etizolam, un potente sedante utilizado para tratar la ansiedad. La operación, realizada desde una granja en Greater Manchester, evolucionó hasta establecer un complejo negocio ilegal valorado en más de 332 millones de euros, involucrando maquinaria industrial y una estructura sofisticada. El tribunal de Bolton sentenció a John Eric Spiby a 16 años y medio de prisión, junto con su hijo John Colin Spiby Jr. y otros colaboradores, por su participación en delitos de conspiración para fabricar y distribuir drogas peligrosas, posesión de armas y obstaculización a la justicia.
La policía de Greater Manchester identificó a Spiby y sus socios como actores sin respeto por la vida humana ni por la seguridad pública. Según informó la Unidad Contra el Crimen Organizado, la banda operaba en instalaciones que, tras un aumento en la producción, se trasladaron en 2021 a una nave industrial en Salford. La organización utilizaba una empresa fachada llamada Nutra Inc para encubrir sus actividades ilícitas.
El grupo se especializaba en la fabricación de pastillas de etizolam, una sustancia seis a diez veces más potente que el diazepam, que se distribuye ilegalmente como un sedante similar al Valium. Las operaciones permitieron que millones de comprimidos llegaran a las calles de Manchester y zonas cercanas, con un valor potencial en venta que oscila entre 56 y 332 millones de euros. Una de las intervenciones policiales en 2022 incautó aproximadamente 2.5 millones de pastillas, que, si se vendieran en el mercado ilegal, podrían valer más de 77 millones de euros.
Dentro de la organización, el propio hijo de Spiby, encargado de manipular la mercancía, y Callum Dorian, considerado el cerebro estratégico, gestionaban las conexiones con otras redes y manejaban las comunicaciones encriptadas a través de Encrochat, plataforma que fue infiltrada por las autoridades internacionales.
El fiscal Emma Clarke destacó el seguimiento policial que permitió detectar las actividades ilícitas y señaló que, a pesar de las ganancias, Spiby y sus colaboradores continuaron operando en el mundo del crimen. Además de los delitos principales, las autoridades detectaron que también poseían armas y municiones, y que intentaron obstaculizar las investigaciones.
El tribunal también condenó a Dorian a nueve años y medio y a Dury a casi diez años de prisión. Expertos alertan que el aumento en la disponibilidad de estas drogas ilegales incrementa los riesgos para los jóvenes, que enfrentan la posibilidad de consumir pastillas peligrosas, en una especie de 'ruleta rusa' mortal.
Este caso pone en evidencia cómo una estructura empresarial ficticia puede encubrir actividades criminales de alto impacto social. La condena refleja la gravedad del delito y las consecuencias que generan en la salud pública, dejando en claro que, aunque el dinero pueda parecer una recompensa, el crimen tiene un costo muy alto tanto para los implicados como para la comunidad.
