La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Stiven Marino Mosquera en Medellín, acusado de secuestrar, torturar y extorsionar a su pareja en el barrio Manrique, entre el 6 y el 8 de febrero de 2023. Según la investigación, el imputado retuvo a la víctima contra su voluntad, sometiéndola a agresiones físicas y psicológicas mientras le exigía dinero para liberarla. Las autoridades señalaron que Marino Mosquera ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes en varias ocasiones, incluso causándole pérdida de conocimiento. Además, llamó a la madre de la víctima para solicitar dos millones de pesos a cambio de su liberación y evitar que su vida corriera peligro. La captura del sospechoso fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía y el Grupo de Acción Unificada contra el Secuestro (GAULA) de la Policía Nacional. Durante el procedimiento, se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, para profundizar en las investigaciones. En audiencia, un fiscal del GAULA imputó a Marino Mosquera los delitos de secuestro extorsivo y tortura; el acusado no aceptó los cargos, pero el juez dictó su medida de aseguramiento en prisión mientras continúa el proceso. La legislación colombiana contempla penas de hasta 40 años de prisión por secuestro extorsivo y hasta 22 años por tortura, sanciones que no permiten beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena. Además, en casos de múltiples delitos, las penas se suman hasta un límite máximo establecido por la ley. Las agravantes incluyen que la víctima sea menor de edad, mayor de 60 años, o que los hechos provoquen lesiones graves o muerte. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia subrayan que estas medidas buscan proteger los derechos y la integridad de las personas en Colombia.
