La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la apertura de una investigación preliminar contra Delia Espinoza, ex fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, por presuntos actos irregulares relacionados con el uso de bienes estatales en un período en el que estaba suspendida de sus funciones. La decisión se tomó tras la denuncia del ciudadano Luis Miguel Caya Salazar y se formalizó mediante el Informe N° 006-2026-GATRP-JNJ, elaborado por el magistrado Gino Augusto Ríos Patio y fechado el 26 de enero de 2026.
La acusación señala que Espinoza habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, con placas EGW-711 y EGW-715, en contra de la suspensión que le fue dictada mediante la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ del 19 de septiembre de 2025. La conducta sería considerada un posible uso indebido de recursos públicos y una infracción a los deberes del cargo, aun en el marco de una suspensión temporal.
La JNJ, presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, justificó la investigación al destacar la importancia de esclarecer si la utilización de los bienes estatales por parte de Espinoza contraviene los principios de legalidad, ética y responsabilidad que rigen a las altas autoridades judiciales. La institución sostuvo que el proceso busca determinar si la conducta atribuida a la ex magistrada vulnera las obligaciones inherentes a su cargo, incluso durante el período de suspensión.
El proceso investigatorio contempla recabar documentos, testimonios y otras pruebas que acrediten el uso de los vehículos oficiales mientras Espinoza permanecía impedida de ejercer funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La presidenta de la JNJ afirmó que la institución mantiene su compromiso con la supervisión de los estándares éticos y legales en la administración de justicia, y que podría citar a la ex magistrada para que presente sus descargos o explicaciones.
Esta investigación se enmarca en un contexto de cuestionamientos a la gestión de Espinoza, quien fue destituida el 23 de enero por unanimidad de la JNJ. La sanción, derivada de un proceso disciplinario iniciado en septiembre de 2025, se fundamentó en la omisión de Espinoza para ejecutar una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, en cumplimiento de una norma obligatoria para garantizar la continuidad del Ministerio Público.
Adicionalmente, el Congreso de la República inhabilitó a Espinoza por 10 años en fines de 2025, por incumplir la Ley N° 32130, que refuerza la intervención de la Policía Nacional en investigaciones penales, al no restituir las facultades de investigación a la PNP, en un incumplimiento que agravó su situación legal y administrativa.
