La congresista Jennifer Pedraza acusó presunto nepotismo en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al señalar que la esposa del tío de la ministra Yannai Kadamani firmó cinco contratos estatales, incluido uno en enero de 2026 por 189 millones de pesos. Pedraza afirmó que además de esa relación, dos familiares de la ministra han obtenido contratos equivalentes a más de 351 millones de pesos en total.
Según informó Pedraza a través de su cuenta en X, los contratos más recientes con la ministra y el Ministerio del Trabajo se firmaron en simultáneo por 113 y 76.5 millones de pesos, respectivamente. La legisladora detalló también contratos en 2023 y 2024 por montos de 91.77 y 112.6 millones de pesos, todos con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse Colombia).
La congresista criticó que, aunque la tía de la ministra — en tercer grado de consanguinidad — declaró en su informe de conflictos de interés únicamente a su esposo, no existe obligación legal de informar sobre ese grado de parentesco, lo que, a su juicio, plantea un problema ético, considerando que también la madre y el hermano de la ministra están contratados en el Estado.
En respuesta, la ministra Yannai Kadamani afirmó que no ha intervenido en los procesos de contratación de sus familiares y que, según la normativa, no hay impedimentos legales para que ellos participen en contrataciones públicas fuera de su sector de responsabilidad. La ministra aseguró que sus declaraciones y antecedentes son públicos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y reiteró que no existe conflicto de interés ni incompatibilidad en los contratos con sus familiares.
Kadamani también rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas y deslegitimadas por principios del derecho administrativo colombiano. La ministra reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, e invitó a que el debate público se base en hechos verificables y en la interpretación correcta de las leyes.
La denuncia de Pedraza coincide con la entrada en vigor de leyes de garantías que limitan la contratación pública antes de las elecciones, generando debate sobre los posibles conflictos de interés en la función pública en Colombia.
