La compañía colombiana Isagen presentó una demanda ante la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto 0044, que impone nuevos impuestos al sector energético, en medio del estado de emergencia económica declarado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La petición sostiene que este decreto es 'manifestamente inconstitucional' y advierte que su mantenimiento podría causar daños irreparables tanto a las empresas generadoras de energía como a las finanzas públicas del país.
El caso está en análisis en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico de Petro antes de integrar la Corte. Él evalúa los argumentos de expertos y determinará si procede una suspensión provisional mientras la Sala Plena resuelve sobre la constitucionalidad del decreto.
Según el documento presentado por el abogado de Isagen, Rafael Rincón, la Corte ya suspendió temporalmente los efectos de la declaratoria de emergencia económica y del Decreto Legislativo 1390, del cual deriva el impuesto en cuestión. Rincón argumenta que, por coherencia, la suspensión debe extenderse al decreto 0044, ya que fue expedido en el marco de ese decreto de excepción y no cumple con los requisitos legales, como la firma de la ministra de Ambiente en funciones.
El abogado agregó que el decreto no guarda relación con las causas que originaron la emergencia económica y no cumple con los requisitos mínimos de conexidad y necesidad. Además, señaló que la emisión del decreto omite formalidades constitucionales, ya que no fue firmado por todos los ministros involucrados.
Isagen advirtió que mantener vigente este decreto podría afectar las operaciones del sector energético y la responsabilidad del Estado, además de afectar derechos de empresas generadoras de energía. La compañía pidió que la suspensión de la emergencia económica se aplique también a las medidas tributarias derivadas, particularmente en el sector de generación y comercialización de energía.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) respaldó la suspensión del decreto de emergencia, considerando que fortalece el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. La organización destacó que la decisión, adoptada por seis magistrados contra dos, también suspende otras medidas tributarias relacionadas, como el impuesto al IVA en ciertos productos y el impuesto del 2.5% sobre utilidades de generadoras y el pago del 12% en energía hidráulica en bolsa.
Andi afirmó que esta medida protege la estabilidad institucional y evita efectos irreversibles en las finanzas del país, hasta que la Corte emita una sentencia definitiva. La decisión representa una protección del orden constitucional y de los principios democráticos en Colombia, en un contexto donde la seguridad jurídica y la separación de poderes son fundamentales para la confianza en el sector productivo.
