El gobierno de Irán anunció la conformación de un comité para investigar las protestas ocurridas en enero, generando dudas sobre su imparcialidad. El Jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, informó que la comisión tendrá la misión de analizar las causas y consecuencias de los disturbios, mientras que la portavoz presidencial, Fatemeh Mohajerani, indicó que el órgano recopilará testimonios y documentos relacionados.
Diversos sectores políticos y sociales dentro de Irán cuestionan la credibilidad de esta iniciativa. Líderes, analistas y medios reformistas consideran que un comité designado por el propio régimen podría carecer de objetividad, especialmente en episodios donde instituciones estatales enfrentan acusaciones de responsabilidad.
Mientras tanto, la ONU ordenó una misión internacional independiente para investigar posibles violaciones graves de derechos humanos vinculadas a las protestas. Sin embargo, las autoridades iraníes aún no han permitido su ingreso ni cooperan con la investigación, que fue solicitada tras el levantamiento social conocido como 'Mujer, Vida, Libertad' en 2022, extendiéndose su mandato hasta 2026.
Sectores moderados también expresan reservas, recomendando que la credibilidad del informe oficial se fortalezca con la participación de profesionales independientes, activistas y académicos que residan fuera de Irán. El periódico reformista Tose’e Iran comentó que solo la integración de figuras externas podrá aportar confianza en el proceso.
Voces como la del periodista Ahmad Zeidabadi advierten que las investigaciones internas enfrentan una profunda desconfianza social y sugieren que la participación de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU, sería más efectiva para esclarecer los hechos. Además, activistas como Hassan Younesi llaman a promover investigaciones auténticamente independientes.
Históricamente, las investigaciones oficiales en Irán han sido cuestionadas, como en casos como la masacre de estudiantes en 1999, el derribo del avión ucraniano en 2020, que causó 176 muertes, y la muerte de Mahsa Amini en custodia policial, todos casos en los que las explicaciones oficiales han recibido fuertes críticas.
El Ministerio de Salud informó que durante las protestas de enero murieron 3,117 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, cifra que las organizaciones de derechos humanos superan ampliamente, llegando a reportar hasta 36,500 fallecimientos.
Las sospechas aumentaron tras filtraciones donde políticos pronuncian que instituciones de seguridad habrían instalado violencia deliberadamente para justificar una represión masiva. En un audio filtrado, el reformista Ali Shakouri-Rada afirmó que la violencia fue inyectada por agentes del Estado con fines represivos. El ex presidente Mahmoud Ahmadinejad ha realizado acusaciones similares respecto a la responsabilidad de sectores gubernamentales en las muertes durante las protestas.
Pezeshkian, en un inicio, rechazó las declaraciones de Shakouri-Rada, calificándolas de 'injustas'. Posteriormente, anunció que ordenó una investigación adicional, permitiendo una revisión complementaria mediante funcionarios especializados.
