El Servicio de Seguridad Nacional (SSN) de Irak anunció el desmantelamiento de una célula del Estado Islámico (EI) en la provincia de Anbar, al oeste del país, resultado de más de un año de operaciones de inteligencia. Durante la operación, las autoridades arrestaron a Abu Ayman al Rawi, considerado el 'gobernador' del EI en la región, justo antes de que activara su cinturón explosivo. Dos acompañantes del yihadista murieron al activar sus propios detonadores durante el operativo.
El portavoz del SSN, Arshad al Hakem, detalló que además se capturaron otros presuntos miembros relacionados con logística, fabricación de drones explosivos y gestión del programa de armas químicas del grupo. La operación se llevó a cabo tras extensas tareas de vigilancia y rastreo en la zona.
El último informe del Consejo de Seguridad de la ONU, divulgado el 2 de febrero, estima que el Estado Islámico mantiene unos 3,000 combatientes en Irak y Siria, aunque recientes declaraciones del jefe de inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, indican que en Siria la cifra podría haberse triplicado en poco más de un año. Esto incrementa la amenaza para Irak, dada la extensa frontera común entre ambos países.
El informe de la ONU alerta sobre el aumento del reclutamiento de combatientes extranjeros, la recaudación de fondos a través de monedas digitales y el uso más eficaz de drones como herramientas bélicas por parte del EI. Sin embargo, en Irak, los operativos antiterroristas han logrado reducir sus capacidades, provocando que los ataques en 2025 sean el menor número registrado en años.
Recordando el histórico control territorial del Estado Islámico en Irak entre 2014 y 2017, las autoridades continúan en la lucha contra sus remanentes. La justicia iraquí informó que miles de miembros del grupo, trasladados desde Siria, proceden de 42 países y serán juzgados bajo la legislación nacional, según la agencia INA y el Centro Nacional para la Cooperación Judicial Internacional (CNCJI). Se aclara que los procedimientos no contemplan aún extradiciones, sino investigaciones en curso.
Desde finales de enero, Estados Unidos ha trasladado a Irak a 2,250 supuestos yihadistas de cárceles controladas por kurdos en Siria, con planes de transferir hasta 7,000 individuos considerados de alta peligrosidad, incluyendo acusados de emplear armas químicas. El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha subrayado que los países de origen deben responsabilizarse de sus ciudadanos vinculados al EI, y que Bagdad mantiene la custodia temporal de algunos detenidos, aguardando los procesos legales.
El Tribunal de Investigación de Karkh, especializado en terrorismo, ya inició procesos contra más de 1,300 acusados, garantizando que los procedimientos se ajusten a la legislación nacional e internacional. La justicia iraquí asegura que todos los detenidos serán tratados con respeto a sus derechos humanos y las normativas vigentes.
