La Unión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) expresó su preocupación por el traslado de más de tres millones de afiliados a la Nueva EPS, autorizado por el Decreto 0182 de 2026, y advirtió sobre posibles riesgos financieros y operativos en un escenario marcado por intervenciones en varias EPS, según informó Blu Radio. El director del gremio, Jorge Toro, señaló que este proceso de reorganización del aseguramiento podría afectar la calidad, oportunidad y acceso a los servicios de salud, tanto para los nuevos afiliados como para los que ya están vinculados a dicha entidad. Toro también expresó inquietudes respecto a la incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera de la Nueva EPS y el impacto que esta concentración de usuarios podría tener en la red de prestadores. La regulación del Ministerio de Salud contempla que, en medio de varias intervenciones administrativas en EPS, la mayoría de los usuarios serán reasignados a una sola compañía, lo cual genera inquietudes entre actores del sistema. El gremio alertó que, además del efecto en los nuevos afiliados, los actuales usuarios de la Nueva EPS podrían sufrir dificultades adicionales en la prestación de servicios, si la cantidad de usuarios aumenta sin una adecuada planificación. En libertad financiera, la Unión de las IPS manifestó dudas sobre el monto exacto de la deuda de la Nueva EPS, al señalar que no existen estados financieros recientes completos. No obstante, la Superintendencia Nacional de Salud indicó que los pasivos de la EPS podrían aproximarse a los 15 billones de pesos. Así mismo, recordó que varias EPS intervenidas no estarían presentando todas sus facturas mediante el mecanismo de giro directo, lo que complica establecer la deuda real al cierre de 2025. Otro aspecto relevante es la reorganización de la red de prestadores, en la que la Nueva EPS realiza ajustes que implican dejar de contratar con algunas IPS y vincular otras nuevas, lo cual podría generar incumplimientos y dificultades en la continuidad de la atención. La Unión de las IPS insistió en que estos procesos deben garantizar la sostenibilidad financiera, la operatividad y el acceso equitativo a los servicios de salud, en medio de un contexto de cambios estructurales y medidas gubernamentales en el sector.
