El juez federal Gastón Salmain enfrenta una nueva investigación penal en Argentina, centrada en sus movimientos financieros y en la presunta manipulación de expedientes judiciales en Rosario. La medida fue ordenada después de que un juez levantara el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre todas sus transacciones desde abril de 2023, cuando asumió en esa ciudad.
Salmain, quien fue procesado en diciembre pasado junto a otros por el caso Attila —en el que se lo acusa de facilitar el acceso a 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario— ahora es investigado por presuntas maniobras ilegales que favorecían estudios jurídicos aliados en fallos relacionados con demandas jubilatorias. La Fiscalía Federal, a cargo de Federico Reynares Solari, solicitó expandir la pesquisa, que incluye el análisis completo de sus movimientos fiscales y financieros en los últimos tres años para detectar ingresos o activos incompatibles con su rol judicial.
El proceso, que todavía está en fase inicial, tiene un plazo de 90 días para que el Ministerio Público formalice su investigación, en caso de encontrar indicios firmes. La acusación preliminar le atribuye incumplimiento de deberes de funcionario público. Salmain y su defensa denunciaron una supuesta persecución institucional y alegaron que la apertura de sus datos vulneraba garantías constitucionales, además de exponer a su familia a un escrutinio indebido.
Desde que asumió en Rosario, Salmain ha estado envuelto en controversias, especialmente por la multiplicación de fallos contra el Estado por demandas jubilatorias con montos elevados y resoluciones rápidas, lo cual despertó alertas en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y en la Procuraduría del Tesoro. El fiscal Reynares Solari inició en julio pasado una investigación por presunto direccionamiento de causas a ciertos estudios jurídicos, que habrían obtenido fallos favorables de manera inusual.
Tras ser notificado, el juez Salmain se excusó de sus causas previsionales, generando un colapso operativo en el fuero. Su defensa solicitó el archivo del caso y el levantamiento de las medidas de secreto, argumentando arbitrariedad e inexistencia de pruebas, aunque la fiscalía sostuvo la existencia de “indicios serios”. La jueza y el juez de Garantías, a cargo de la causa, respaldaron la medida y ordenaron a entidades como el Banco Central y la AFIP proporcionar toda la información financiera vinculada a Salmain desde su llegada a Rosario, con el fin de esclarecer si existieron favores o acuerdos indebidos en los fallos judiciales.
