Ingrid Carolina Plata Navas, cercana a la primera dama Verónica Alcocer, ha obtenido contratos superiores a 719 millones de pesos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en los últimos tres años y medio, según revelan registros oficiales y reportes de El Tiempo. Desde agosto de 2022, Plata Navas ha sido contratista de la entidad, firmando tres acuerdos por prestación de servicios, todos adjudicados de manera directa y conformando una continuidad en sus vínculos con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El primer contrato, fechado el 26 de agosto de 2022, fue por aproximadamente 70.8 millones de pesos y estuvo destinado a apoyar en la organización de actividades protocolarias en lugares como el Palacio de Nariño, Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena. El segundo, firmado el 16 de diciembre del mismo año, fue el de mayor cuantía, con un valor de más de 482 millones de pesos, con vigencia estimada hasta finales de 2024.
Durante 2023, Plata Navas percibió cerca de 243 millones de pesos en honorarios, con un pago mensual promedio de aproximadamente 20.2 millones de pesos. En 2024, su salario mensual fue de aproximadamente 20.9 millones, sumando más de 229 millones durante once meses. Estos contratos han mantenido a Plata Navas como una de las contratistas más constantes en la administración Petro.
Las conexiones de Plata Navas con el poder político en Colombia no se limitan a sus contratos. Está casada con Danilo Romero, quien es padrino del presidente Gustavo Petro y ha estado vinculado a la petrolera venezolana PDVSA, participando en contratos de explotación en Venezuela. Además, su nombre apareció en informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), donde se señala que recibió transferencias económicas del mandatario, con fechas cercanas a su posesión en 2022.
En su historial laboral, Plata Navas ha trabajado en empresas privadas como Carbones de Toledo S.A., propiedad de su esposo, y en firmas como Supra Assets SAS y Rumbos Ltda., en roles de alta dirección. Según su declaración de conflicto de interés ante la Función Pública, en 2024 detalló ingresos y bienes por más de 400 millones de pesos, incluyendo una cuenta de ahorros de 20 millones y bienes patrimoniales valorados en 700 millones, sin reportar ningún conflicto de interés ni incluir a su esposo en el apartado correspondiente.
El análisis de su trayectoria y contratos, disponible en plataformas oficiales y portales de transparencia en Colombia, deja en evidencia su papel en actividades de apoyo en protocolo y logística en recintos oficiales, con contratos vigentes durante el actual gobierno de Gustavo Petro, en una relación que continúa en curso y que suscita cuestionamientos por sus vínculos familiares y la cantidad de recursos públicos asignados.