En los últimos diez días, Honduras ha registrado embargos judiciales que han afectado recursos superiores a los 3,000 millones de lempiras, afectando la disponibilidad financiera del Estado y poniendo en riesgo proyectos clave en salud, educación y seguridad. Estas acciones, principalmente vinculadas a demandas laborales y tramitadas en juzgados especializados en Tegucigalpa y otras alcaldías del país, han limitado la liquidez del gobierno. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, junto con magistrados, el procurador Dagoberto Aspra, el ministro de Finanzas y representantes del Banco Central, se reunieron para evaluar el impacto de estos procesos en las finanzas nacionales. El titular de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, advirtió sobre la recurrencia de estas medidas y su efecto en la planificación presupuestaria, además de señalar que los fondos afectados no estaban previstos en la estructura fiscal vigente, lo que genera una afectación significativa al tesoro nacional. Como respuesta, el gobierno trabaja en la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, que deberá ser aprobado primero por el Consejo de Ministros antes de su debate en el Congreso. Entre las acciones, destaca la reducción del aparato estatal, con una disminución de 113 a 78 instituciones, lo cual permitirá un ahorro en gastos corrientes y recursos adicionales para pagar la deuda pública y pasivos laborales. Hernández Hércules resaltó que, además de buscar austeridad y responsabilidad fiscal, la estrategia prioriza la generación de ahorros que fortalezcan áreas fundamentales y aseguren la sostenibilidad fiscal. La coordinación entre los poderes del Estado, respetando su independencia, es fundamental para afrontar estos desafíos económicos y legales. El Banco Central de Honduras mantiene diálogos con otras entidades para diseñar medidas que mitiguen el impacto financiero, ajustando la planificación presupuestaria y fortaleciendo la capacidad de inversión del país sin comprometer compromisos ya adquiridos. La reforma del Presupuesto 2026 busca no solo adaptarse a los embargos, sino también implementar un ajuste estructural que optimice la eficiencia del sector público y genere ahorros para priorizar programas nacionales. El gobierno subraya que estas acciones serán claves para estabilizar las finanzas y garantizar la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura en el mediano plazo.
