El 11 de febrero de 2026, una doble víctima mortal en la intersección de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, puso en evidencia las dificultades para acceder a registros de cámaras de seguridad durante una investigación criminal. Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un reconocido empresario, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, fueron asesinados por sicarios cuando salían de un gimnasio; ambos unitariamente fueron trasladados a una clínica, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas, según informó la Clínica El Country.
Tras el ataque, los responsables abordaron una motocicleta conducida por un cómplice y huyeron rápidamente. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que enfrentó obstáculos para obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia en la zona, ya que los administradores de edificios y estaciones de servicio retrasaron la entrega de los registros. El general Giovanni Cristancho, comandante de la policía en la ciudad, denunció en entrevista con Blu Radio que la demora se debe a que los mismos responsables de los sitios solicitaban órdenes judiciales para acceder a los videos, situación que complicó la investigación en un momento de alta gravedad.
Estas trabas generaron críticas tanto de líderes políticos como de la ciudadanía. Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, expresó su preocupación en el programa El Debate de Semana, resaltando que exigir una orden judicial en circunstancias urgentes es una práctica que debe cambiarse. De igual forma, Juan Baena, ex presidente del Concejo de Bogotá, subrayó la necesidad de actuar con mayor prontitud ante hechos violentos y recordó que el sicariato no es un fenómeno aislado en Colombia, instando a atacar las bandas criminales que operan en el país.
