El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones relacionadas con presuntas fallas administrativas en la gestión de la crisis ocasionada por las inundaciones en Córdoba, y defendió su historial como opositor a la hidroeléctrica Urrá. A través de publicaciones en su cuenta oficial de X, Petro recordó que en su pasado político advirtió sobre los riesgos del proyecto hidroeléctrico, responsabilizando a grandes propietarios de tierras y a ciertos medios de comunicación por las críticas dirigidas en su contra, incluyendo un artículo de El Colombiano que, según afirmó, busca desviar la atención.
Petro rememoró que, como congresista, llevó al líder indígena Kimy Pernía Domicó para denunciar el impacto social y ambiental de Urrá ante la Cámara de Representantes, en un periodo entre 1999 y 2001. El mandatario afirmó que fue quien alertó sobre el posible efecto negativo del proyecto, enfatizando que no es responsable de las decisiones administrativas que actualmente se toman para atender las inundaciones.
Las recientes inundaciones en Córdoba se originaron tras la apertura de las compuertas de Urrá, con el fin de reducir los niveles del embalse ante lluvias intensas ocasionadas por un debilitamiento del fenómeno de La Niña. Esto provocó el desbordamiento del río Sinú y agravó los daños en la región.
Según un análisis de El Colombiano, cerca del 99% de Urrá pertenece al Estado colombiano, mientras que las autoridades locales y la población han criticado directamente al Gobierno por su manejo de la emergencia. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reiteró que la responsabilidad principal recae en la Administración central, que controla la junta directiva de Urrá a través de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía.
Desde la Presidencia, se ha defendido la autonomía operativa de Urrá, sin embargo, registros oficiales muestran que todos los gerentes generales y presidentes encargados de la hidroeléctrica han sido designados por delegados gubernamentales. La reciente salida de Juan Acevedo Rocha – quien dejó el cargo horas después de que Petro pidiera una investigación penal por la gestión del embalse durante las lluvias– elevó el debate político; Acevedo afirmó que su gestión evitó una catástrofe mayor, señalando que el embalse enfrentó 58 horas de lluvias con un caudal superior a los 2,200 metros cúbicos por segundo.
El ex presidente de Urrá también defendió la operatividad técnica del embalse, asegurando que se mantuvo 90 centímetros por debajo de la cota máxima de seguridad en todo momento, y resaltó que, desde el año 2000, se han gestionado con éxito el 97% de los eventos climáticos extremos en la cuenca. A pesar de sus argumentos técnicos, Petro calificó las descargas de Urrá durante la emergencia como un “crimen ambiental” y exigió que se investiguen posibles responsabilidades penales, tanto en gestiones actuales como anteriores.
Documentos oficiales indican que la elección de Acevedo Rocha fue promovida por una junta dominada por el Gobierno, con el objetivo de incrementar la influencia de sus aliados y reducir la intervención regional. Tras su salida, se designó al ingeniero civil Enrique Kerguelen como encargado, buscando fortalecer los criterios técnicos y reducir la influencia partidista. Paralelamente, Urrá enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones que favorecían a empresas cercanas al entorno presidencial.
