El presidente Gustavo Petro otorgó en diciembre de 2025 la Cruz de Boyacá al coronel Óscar Moreno Arroyabe por su trabajo en la lucha contra grupos armados en El Plateado, Cauca. Sin embargo, dos meses después, Moreno se encuentra en medio de acusaciones por presuntamente participar en un plan para incriminarlo en un caso de drogas, generando controversia tanto en la Policía Nacional como en la opinión pública.
La polémica se intensificó cuando Petro anunció durante una reunión del Consejo de Ministros en Córdoba que ordenó el retiro del general Edwin Masleider Urrego Pedraza, excomandante de la Policía Metropolitana de Cali, y del coronel Moreno, ambos señalados por supuestamente formar parte de una conspiración para incriminar al mandatario en un caso de drogas presuntamente plantadas en un vehículo presidencial.
En la ceremonia de reconocimiento, la imagen del presidente con Moreno, y la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldaban la labor de este oficial. Moreno fue considerado un elemento destacado en operaciones contra las disidencias de las Farc, bajo el mando del alias Iván Mordisco. Sin embargo, la rápida caída en la percepción pública y dentro de la institución generó sorpresa y malestar entre oficiales, quienes exigen que Petro divulgue las pruebas que fundamentan las acusaciones.
El retiro de Urrego y Moreno se sustenta en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dirigido por René Guarín. La investigación se originó a partir de un correo electrónico anónimo enviado a Colombia Humana —el movimiento político de Petro— en el que se advertía sobre un supuesto plan elaborado en Barranquilla para involucrar al presidente y al ministro Armando Benedetti en un decomiso de drogas que habría sido plantado, y que sería responsabilizado a Petro y Benedetti.
Según el informe de la DNI, Urrego cuenta con antecedentes en cuatro procesos anteriores; sin embargo, ninguno relacionado con los hechos actuales o con investigaciones en curso. Además, el documento sugiere la posibilidad de intervención de agencias extranjeras en la trama, sin presentar evidencia verificable. La investigación también consideró la hipótesis de una posible retaliación interna dentro de la Policía.
Urrego negó las acusaciones y anunció acciones legales para defender su honor, asegurando que la información difundida en su contra es infundada y que poner en duda su reputación sería un acto en contra de la democracia. Por su parte, el Ministerio de Defensa formalizó su retiro mediante un decreto por "llamamiento a calificar servicios", tras más de 33 años de trayectoria, con decenas de felicitaciones y condecoraciones, incluyendo cargos en la Policía Judicial, dirección de Investigación Criminal, Interpol y roles como comandante en Barranquilla y Cali.
