La implementación de una hoja de ruta nacional para fortalecer las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) representa un avance estratégico en el sector hídrico de Guatemala. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), busca mejorar las capacidades técnicas e institucionales a nivel local para ofrecer servicios más eficientes, sostenibles y resilientes. La OPS/OMS destaca que esta estrategia es fundamental para reducir desigualdades territoriales, proteger la salud y avanzar hacia el desarrollo sostenible en el país.
Recientemente, en la Universidad Rafael Landívar, se presentaron los resultados de un diagnóstico nacional sobre la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala. El estudio analizó fuentes de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, sirviendo como base para orientar decisiones estratégicas y fortalecer la gestión territorial del sector hídrico.
Entre las prioridades identificadas figuran el fortalecimiento de capacidades técnicas locales, la modernización de infraestructura y el desarrollo de mecanismos de planificación y sostenibilidad financiera. Estos componentes son esenciales para garantizar servicios más equitativos y responder a desafíos tanto presentes como futuros.
La agenda nacional se basa en aprendizajes de Programas Conjuntos financiados por el gobierno de Suecia, en los cuales la OPS/OMS colaboró en la consolidación de OMAS en áreas priorizadas como el Altiplano Marquense, la Región Ixil y el Corredor Seco. Estas acciones han fortalecido las capacidades locales y contribuido a mejorar la sostenibilidad territorial.
Como pilares de la hoja de ruta, se establecieron cuatro ejes estratégicos: cooperación institucional, formación académica en ingeniería sanitaria, fortalecimiento técnico e innovación tecnológica, y generación de evidencia e investigación aplicada. Estos enfoques buscan articular esfuerzos desde la profesionalización hasta la adopción de tecnologías innovadoras en la gestión del agua.
La OPS/OMS reafirmó su apoyo a Guatemala en la gestión municipal del agua y saneamiento, resaltando que la inversión en estos ámbitos es clave para mejorar la salud, la equidad y la calidad de vida. Las acciones recientes y las políticas basadas en evidencia son pasos concretos para enfrentar las desigualdades en el acceso a servicios básicos.
La consolidación de la agenda nacional se configura como un elemento central en la estrategia para fortalecer la gobernanza del sector hídrico en Guatemala, promover servicios municipales eficientes y responder a los retos sanitarios y sociales mediante políticas públicas sustentadas en cooperación internacional.
El país enfrenta una grave crisis hídrica, con alta contaminación, escasez y acceso desigual, a pesar de su potencial natural. Durante la estación seca, aproximadamente el 50% del territorio sufre de carencias en el suministro de agua, afectando principalmente a comunidades rurales y a mujeres.
Este problema se agrava por la explotación insostenible de acuíferos, especialmente en el departamento de Guatemala, donde la extracción supera la recarga natural, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso. La gestión ineficaz y la infraestructura insuficiente profundizan la crisis, transformando a Guatemala, a pesar de tener recursos abundantes, en un país con dificultades en distribución hídrica.
Además, la contaminación de fuentes de agua proviene mayoritariamente de vertidos sin tratamiento de aguas residuales en ríos, actividades agrícolas y mineras. Solo cerca de uno de cada diez hogares tiene acceso a fuentes de agua protegidas, mientras que en la zona metropolitana de Guatemala, los cortes frecuentes y la dependencia de cisternas complican el abastecimiento.
Este panorama tiene un impacto social considerable, manifestándose en casos de desnutrición, enfermedades como la diarrea en la infancia y limitaciones en el acceso a la educación en áreas rurales. En respuesta, el debate sobre la implementación de una ley de aguas en Guatemala ha cobrado mayor fuerza para abordar estas problemáticas.
