El Gobierno de Argentina ha postergado el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Congreso, en medio de la atención centrada en la reforma laboral y la negociación política con las provincias, que buscan mayor autonomía en la gestión de recursos naturales. La decisión fue comunicada tras una reunión con aliados del oficialismo, donde se anunció que el proyecto sobre protección de glaciares será tratado en una sesión prevista para marzo, dejando de lado su debate en la próxima semana.
La Ley de Glaciares, que contempla transferir facultades decisorias a las provincias para explotar recursos naturales en zonas de glaciares, enfrenta resistencia en el Congreso. Fuentes cercanas a algunos gobernadores de las provincias cuyanas y del Norte del país aseguran que la oposición o la falta de votos impidió avanzar en su aprobación, aunque el oficialismo sostiene contar con respaldo suficiente y que el retraso obedece a cuestiones de tiempo.
Mientras tanto, la agenda legislativa del oficialismo en el Congreso está centrada en la reforma laboral, que también está programada para ser abordada en una sesión en los próximos días. La estrategia del Gobierno incluye la posible incorporación del proyecto de la Ley de Glaciares en esa misma sesión, previo a la votación.
En la reunión de Balcarce 50, los líderes oficiales decidieron no impulsar modificaciones al proyecto de modernización del sistema de trabajo, pese a las demandas de algunos gobernadores que reclamaban compensaciones por la caída en recaudaciones prevista por la reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias.
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con mandatarios locales para convencerlos de apoyar las reformas económicas, prometiendo beneficios y promoviendo la baja en el impuesto a las Ganancias, que el Gobierno defiende como una medida para incentivar la formalización y potenciar la economía.
Respecto a la Ley de Glaciares, la iniciativa propone dar mayor control a provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, que forman parte de mesas que agrupan a regiones con interés en la explotación de litio, cobre y otros recursos. El proyecto busca modificar el artículo 6 de la ley sancionada en 2010, que prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas por su valor como reservas de agua dulce, definiendo los glaciares y entornos periglaciales con mayor precisión.
El panorama político muestra que las provincias tienen expectativas de que la Ley de Glaciares sea sancionada, pero también cautela ante los obstáculos en el Congreso. La decisión final dependerá de las negociaciones en marcha y del momento en que el oficialismo decida priorizar este tema en su agenda legislativa, en un contexto de tensiones y alianzas políticas en evolución.
