La gobernadora regional encargada del Callao, Edyta Vargas, advirtió que el exgobernador Ciro Castillo Rojo, prófugo de la justicia y actualmente bajo investigación, podría intentar regresar al cargo por la fuerza. La autoridad solicitó la presencia de la Policía Nacional y del Ministerio Público para evitar acciones irregulares. Según Vargas, Castillo Rojo habría informado su intención de acudir a la sede del Gobierno Regional para ingresar de manera abusiva y prepotente, por lo que ya fue notificada para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir y mantener el orden durante cualquier intento. La gobernadora explicó que envió oficios a la Fiscalía del distrito y a la Jefatura de la Región Policial Callao para coordinar su apoyo y garantizar la protección de la institución y la legalidad.
Vargas recordó que la decisión sobre una posible reincorporación de Castillo Rojo a su cargo corresponde a los consejeros regionales, quienes deben cumplir con procedimientos legales adecuados. Además, indicó que el exgobernador no se encontraba en licencia ni vacaciones, sino que su ausencia obedecía a una orden de captura pendiente, por lo que su ingreso al gobierno regional representa un riesgo para la seguridad y la integridad de documentos sensibles relacionados con su investigación.
La autoridad regional criticó la modificación de las medidas restrictivas contra Castillo Rojo, que cambiaron la prisión preventiva por comparecencia, y expresó preocupación por los riesgos que implican para la continuidad del proceso judicial y la gestión institucional. La defensa legal del gobierno regional, representada por Ronald Espinoza, informó que el estado actual del caso puede activar la competencia del Consejo Regional para evaluar una posible suspensión o vacancia del exfuncionario, ya que su mandato en prisión preventiva ya superó el plazo permitido por ley y la figura de licencia, utilizada anteriormente, no es válida para extender esa condición.
Espinoza aclaró que la reciente resolución judicial solo afecta aspectos penales y no limita la potestad del Consejo Regional en decisiones administrativas o electorales. Por ello, la continuidad de Ciro Castillo Rojo en el cargo dependerá del análisis y la votación del consejo, que podrá decidir suspenderlo o vacar su cargo en cumplimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sin que las decisiones judiciales penales restrinjan ese proceso.
