La Unidad de Regulación Financiera (URF) de Colombia presentó los lineamientos regulatorios que afectarán a los fondos privados de pensiones ante un decreto que busca repatriar inversiones en el extranjero por más de 100 billones de pesos. La directora (e) de la URF, Larisa Caruso, afirmó que la medida pretende fortalecer el sistema sin interferir en las decisiones de inversión ni imponer restricciones, garantizando la autonomía de las administradoras y la protección del ahorro individual.
Caruso explicó que el proyecto no surge de un análisis aislado, sino de mesas técnicas que incluyen al Ministerio de Hacienda, la URF y actores del sector financiero. La iniciativa busca coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para estructurar proyectos de inversión nacional, superando obstáculos como la fragmentación de iniciativas, la falta de información clara y los costos asociados.
El nuevo mecanismo facilitará la canalización del ahorro institucional hacia inversiones en Colombia, promoviendo proyectos con alta calidad y bajo riesgos, siempre bajo principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Asimismo, aclaró que la regulación no establece una rentabilidad fija, sino que las AFP continuarán evaluando de manera permanente las condiciones del mercado y perfiles de riesgo.
La regulación fortalece la responsabilidad fiduciaria, permitiendo a las AFP decidir cuándo una inversión local o en el extranjero cumple con los criterios necesarios para su incorporación, sin coadministración ni interferencia en la gestión profesional. La supervisión de la Superintendencia Financiera continuará asegurando que las decisiones de inversión respondan siempre al interés de los afiliados.
En cuanto a la maduración de las inversiones, Caruso precisó que corresponde a cada AFP, en función de sus políticas internas y perfiles de riesgo, determinar cuándo un activo está listo para su integración al portafolio. El decreto incluye una cláusula de excepción que permite a las AFP mantener inversiones en el exterior si no existen suficientes instrumentos nacionales que cumplan los requisitos, siempre que sea justificado y bajo supervisión.
El plan de reequilibrio será implementado de forma gradual, mediante nuevos flujos de cotización, vencimientos y el uso de instrumentos locales existentes. La regulación prioriza la protección del ahorro y mantiene la autonomía técnica de las administradoras, asegurando que las decisiones sigan siendo responsabilidad de las AFP y sujetas a sus políticas internas y criterios prudenciales.
