El Gobierno de Argentina ha oficializado la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), separando de manera definitiva la cobertura de salud de los militares y de los policías federales. La decisión, anunciada tras meses de análisis, afecta a más de 500 mil beneficiarios y busca afrontar la grave crisis financiera que enfrenta la institución, la cual mantiene una deuda aproximada de 200 mil millones de pesos.
Ante las irregularidades en gestiones anteriores y el deterioro de los servicios, especialmente en localidades como Punta Alta, donde 42,000 habitantes de una población de 77,000 dependen del IOSFA y carecen de acceso adecuado a salud, las autoridades han diseñado una división estructural del organismo. El objetivo es garantizar una gestión más eficiente y centrada en las necesidades específicas de cada sector.
En ese marco, se establecen dos nuevas obras sociales autárquicas con personería jurídica propia. La 'Obra Social de las Fuerzas Armadas' (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, atenderá a personal militar, civil, retirados y pensionados, así como sus grupos familiares. La otra, 'Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad' (OSFFESEG), dependerá del Ministerio de Seguridad y cubrirá a personal en actividad de la Gendarmería, Prefectura Naval, empleados civiles de ambas instituciones y sus familias.
Ambas entidades operarán a nivel nacional, con un directorio conformado por representantes de sus respectivas fuerzas y procesos de control y fiscalización por parte de sus ministerios. Los directorios tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de reelección, y deberán cumplir con requisitos de experiencia en gestión pública o privada, especialmente en áreas de administración y salud.
El financiamiento de las nuevas Obras Sociales se sustentará en aportes de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas, ingresos por ventas de activos, recursos presupuestarios y donaciones. Se establece que al menos el 80% de sus recursos se destinará a prestaciones médicas y sociales, sin que los gastos administrativos superen el 8%, permitiendo un uso del 12% adicional en otras prestaciones en caso de excedentes.
Durante la transición, un equipo de supervisores designados por Defensa y una Comisión Ad-Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, supervisarán el traspaso de activos, personal y derechos, garantizando la continuidad de prestaciones y la protección de la población afiliada. Las sedes centrales se localizarán en la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno afirmó que la reestructuración responde a 'circunstancias excepcionales' que requieren acciones inmediatas para enfrentar el 'desequilibrio estructural y desfinanciamiento' del IOSFA, con el fin de garantizar la calidad y continuidad de la atención médica y social, salvaguardando así el derecho a la salud de los beneficiarios en todo el país.
