El gobierno del presidente Gustavo Petro logró recaudar más de 200 billones de pesos en Colombia durante 2026, cifra sin precedentes en la historia fiscal reciente del país, según informó El Colombiano. Este aumento en ingresos se atribuye a la implementación de medidas extraordinarias que incluyen impuestos temporales, traslados de fondos pensionales, nacionalización de ahorros y emisión masiva de deuda pública. La estrategia busca fortalecer las finanzas estatales en un año marcado por la inacción en el Congreso y un entorno de alta tensión política.
Entre las acciones destacadas, en enero de 2026 el gobierno declaró una emergencia económica para hacer frente a severas inundaciones en departamentos como Córdoba, Antioquia y La Guajira. Se creó un impuesto temporal sobre el patrimonio de empresas con activos superiores a 10.474 millones de pesos, con expectativas de recaudar entre 8 y 13.5 billones de pesos, impactando principalmente bancos y empresas del sector minero-energético, que enfrentan una tarifa del 1.6%. Además, esta medida incluyó facilidades para expropiar predios en zonas afectadas, generando preocupación en gremios y empresarios.
El foco del gobierno en los fondos de pensiones ha sido clave para captar liquidez. En marzo de 2026, se anunció el traslado de más de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones a Colpensiones en un plazo de 15 días, afectando a alrededor de 120.000 afiliados. La medida, basada en un artículo de la reforma pensional, todavía está bajo revisión judicial y ha generado inquietud sobre su impacto en la seguridad jurídica y la posible elevación del costo de la deuda, que superaría el 14%. La administración Petro expresó su disposición a dialogar con la banca para ajustar los cronogramas de pago.
Asimismo, el presidente Petro propuso reducir del 48.8% al 30% el límite de inversión internacional de los fondos de pensiones, lo que implicaría repatriar aproximadamente 125 billones de pesos en activos en el exterior. Analistas advierten que esta medida podría saturar el mercado interno, afectando la eficiencia del sistema de inversión y protección del ahorro.
En el ámbito fiscal, la DIAN realizó un cobro de 5.3 billones de pesos a Ecopetrol por IVA no pagado en importaciones de combustibles entre 2022 y 2024, generando tensión entre las instituciones públicas. Además, en mayo de 2025 se decretó un aumento en las tarifas de autorretención en sectores como gas, carbón y energía eléctrica, estimándose un recaudo adicional de entre 6 y 13.9 billones de pesos, en una medida que algunos califican como una reforma tributaria encubierta, que afecta la liquidez de las empresas.
Para financiar estas iniciativas, el gobierno vendió 23 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) a fondos internacionales y realizó una colocación histórica de deuda externa por casi 5 mil millones de dólares en enero de 2026. Estas operaciones buscan asegurar recursos ante un escenario político incierto.
Adicionalmente, se reactivaron discusiones sobre inversiones forzosas en la banca, con propuestas de ofrecer créditos sin intereses como alternativa a la imposición legal, mientras gremios advierten sobre una posible 'estatización silenciosa' de recursos privados. La transferencia de ahorros previsionales y de salud al Estado genera preocupaciones por los pasivos futuros que podrían derivarse.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han identificado una estrategia compleja y controvertida para consolidar la financiación pública, que abarca desde aumentos tributarios temporales hasta la emisión de deuda y la nacionalización de activos, en un contexto de alta presión social, económica y política.
