El Consejo de Ministros de España autorizó un Real Decreto-ley este martes para distribuir más de 7,000 millones de euros en ayudas destinadas a las personas y municipios afectados por las recientes borrascas que ocasionaron devastaciones en varias regiones del país. La medida, que sigue a la declaración de zona de emergencia en varias localidades la semana pasada, busca atender daños en infraestructuras, viviendas, comercios y sectores económicos afectados, principalmente en Andalucía y Extremadura.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el objetivo del gobierno es apoyar la recuperación integral de los municipios afectados y ofrecer esperanza a los afectados. La iniciativa contempla recursos para cubrir daños en viviendas y enseres, así como en instalaciones industriales y de servicios, con indemnizaciones cuadruplicadas y exentas de impuestos.
Además, más de 12,400 personas desalojadas por riesgos de inundación recibirán ayuda financiera de 150 euros diarios por persona. Para los ayuntamientos, se destinarán 2,000 millones de euros en transferencias, permitiendo también el uso del superávit del ejercicio 2025 y flexibilizando las reglas de gasto para las regiones y entidades locales.
El paquete incluye beneficios fiscales para los afectados, como exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2026 y apoyos específicos para productores agrícolas afectados, con más de 2,100 millones de euros destinados a este sector.
En el sector pesquero, se destinan 10 millones de euros para armadores con base en Málaga, Cádiz y Huelva, y se reduce el número de jornadas cotizadas necesarias para cobrar subsidios o rentas agrarias. También se asignan fondos para la reparación de caminos rurales, infraestructuras viarias y ferroviarias, además de apoyar a la hostelería y el comercio minorista tras los daños.
La ministra de Hacienda destacó la importancia de implementar políticas contra el cambio climático, llamando a la suscripción del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con el fin de reducir la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos provocados por el calentamiento global. La iniciativa busca fortalecer la resiliencia del país ante la inclemencia del clima, en línea con las recomendaciones de expertos y organizaciones internacionales.
