El Gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Vivienda, entregó escrituras de propiedad a decenas de familias después de más de 30 años de espera, fortaleciendo su certeza jurídica sobre sus inmuebles en seis departamentos del país. La ceremonia, realizada ayer y coordinada por las autoridades, incluye la firma de documentos que regularizan la situación patrimonial de las familias beneficiadas, en un acto que busca revertir años de incertidumbre y vulnerabilidad.
Durante el evento, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que además de las entregas realizadas, otras 120 escrituras están listas para ser entregadas en los próximos días, en un esfuerzo conjunto con la Fiscalía General de la República y otras instituciones estatales para resarcir a quienes han sido víctimas de fraudes inmobiliarios y malas prácticas, como las perpetradas por la corporación Argoz. La iniciativa forma parte de la política del presidente Nayib Bukele de saldar deudas sociales y garantizar seguridad jurídica a las familias más vulnerables.
Desde el inicio de su gestión, el Ministerio de Vivienda ha intensificado la regularización y entrega de escrituras en diferentes regiones del país. En enero de 2026, se otorgaron 156 títulos de propiedad a familias de 37 lotificaciones en 11 departamentos, muchas de ellas con esperas que superaron los 41 años. La ministra Sol destacó que estas acciones han permitido una recuperación económica aproximada de 1.6 millones de dólares y que más del 62% de las escrituras se entregaron a mujeres jefas de hogar, promoviendo el empoderamiento femenino.
La regularización de la propiedad no solo brinda tranquilidad a las familias, sino que también facilita el acceso a créditos, herencias legales y mejoras en las viviendas. Hasta enero del 2026, el sistema de Vivienda ha regularizado más de 118,500 lotes de un total de 350,000 registrados en el país, aunque aún quedan muchas familias en espera de justicia tras décadas de incertidumbre.
La ministra Sol reafirmó que la recuperación del patrimonio familiar y la reparación de los daños causados por fraudes inmobiliarios continúan siendo prioridades del Estado salvadoreño, con la promesa de seguir atendiendo a más familias durante el año.
