El gobierno de Argentina manifestó su molestia por el momento en que anunció el cierre de Fate, la histórica fábrica nacional de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, en medio de una creciente tensión política y económica. La decisión se dio en un día en que la CGT planeaba convocar un paro nacional y cuando el oficialismo impulsa una reforma laboral en la Cámara de Diputados. La noticia generó preocupación entre los trabajadores de Fate, que fueron informados de la pérdida de sus empleos durante el ingreso de personal a la planta en San Fernando.
Milei, en su cuenta de X, publicó un tuit en el que hacía referencia a la supuesta conspiración: “¿Conspiranoico yo? Fin”. La reunión entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Milei en la Quinta de Olivos también abordó las sospechas de una «coincidencia sospechosa» en el anuncio del cierre, que ambos calificaron de intencionado. Como consecuencia, se acordó una conciliación obligatoria entre Fate y el Sindicato Unitario de Trabajadores del Neumático (SUTNA), con la intención de postergar el cierre por algunos días, aunque las fuentes gubernamentales reconocen que la medida no detendrá el proceso en el mediano plazo.
Mientras tanto, el directorio de Fate notificó despidos a cientos de empleados, y Aluar adquirió casi el 30% de los terrenos de la planta en San Fernando por USD 27 millones, en una maniobra que parcialmente encarece y retrasa la liquidación de la fábrica. Todo esto se enmarca en un contexto de tensiones con figuras clave del empresariado industrial, que incluye a Madanes Quintanilla y Paolo Rocca de Techint, a quienes el gobierno acusa de tener intereses que podrían afectar la política económica.
En particular, el gobierno ha señalado la existencia de una percepción de discrecionalidad en decisiones relacionadas con la importación y exportación de productos básicos, como el aluminio y el acero, sectores en los que Argentina mantiene tensiones con Estados Unidos. A esto se suma la narrativa de confrontación con estos empresarios, a quienes el gobierno acusa de promover presiones devaluatorias y de actuar en su propio beneficio en momentos clave.
Con estas acciones, la administración busca evidenciar su línea de confrontación con sectores considerados del círculo rojo, en un contexto marcado por negociaciones comerciales internacionales y una coyuntura política centrada en reformas laborales y diálogo con actores económicos clave, en un escenario de paridad de fuerzas y disputas por el control de sectores estratégicos.
