La Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible Pensarte envió una carta a la Presidencia de Colombia y a la Junta Directiva de Ecopetrol en la que alerta sobre riesgos jurídicos, sociales y ambientales asociados con la posible cesión de la operación de los campos petroleros Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy. La comunicación, fechada el 25 de febrero de 2026 en Bogotá y firmada por Yulman Sepúlveda, representante legal de la organización, señala que esta decisión podría tener implicaciones negativas, especialmente por el historial socioambiental cuestionado de Gran Tierra Energy. La fundación recuerda que Ecopetrol, como empresa mayoritariamente estatal y encargada de recursos estratégicos de Colombia, debe actuar con especial diligencia ante antecedentes de impactos en territorios indígenas y en ecosistemas sagrados, como los denunciados en investigaciones de Rutas del Conflicto. En el documento, Pensarte insta a evaluar rigurosamente los riesgos legales, sociales y ambientales, asegurando que se respeten los derechos humanos y las normas de protección ambiental, además de implementar medidas preventivas para salvaguardar comunidades y territorios indígenas, incluyendo al Pueblo Siona. La organización resalta que cualquier acuerdo debe priorizar el respeto por los derechos fundamentales y el interés público, en consonancia con los compromisos internacionales y la Constitución colombiana. La advertencia ya fue entregada a la Presidencia y a Ecopetrol, aunque hasta ahora no se ha recibido una respuesta oficial de las instituciones involucradas, según informó la fundación.
