La Fiscalía General de la Nación afronta un proceso judicial contra Juliana Guerrero, joven cercana al presidente Gustavo Petro, por presunta falsificación de títulos profesionales expedidos de manera irregular. La investigación, que comenzó tras detectar irregularidades en la entrega de documentos académicos, incluye pruebas como correos electrónicos que comprometen a Guerrero y a directivos de la Fundación San José.
Entre las evidencias figuran correos electrónicos enviados por Johanna Milena Duarte Medina, coordinadora del programa ‘Hazte Profesional’, dirigidos a la vicerrectoría académica con las notas de Guerrero. Sin embargo, estos registros no coinciden con los archivos oficiales del sistema Q10, ya que la migración del programa a dicho sistema aún no se había realizado, lo que genera sospechas sobre la autenticidad de los documentos.
El informe de la Fiscalía también menciona comunicaciones en las que las vicerrectoras Stefanny Camacho Galindo y Romelia Ñuste fueron informadas sobre las anomalías detectadas en las notas de Guerrero. La notificación se realizó mediante correos electrónicos enviados en agosto de 2025.
Fuentes cercanas a la institución aseguraron que, pese a las menciones, Duarte y otras directivas actuaron de buena fe y no tuvieron responsabilidad directa en las irregularidades. La coordinadora, además, aclaró que el reporte de notas fue emitido por Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, quien posteriormente solicitó una investigación sobre la autenticidad de los correos.
El caso ha derivado en una investigación más amplia que busca determinar si las irregularidades en el programa ‘Hazte Profesional’ fueron aisladas o forman parte de un patrón recurrente dentro de la fundación. Mientras tanto, Juliana Guerrero enfrenta cargos formales por fraude procesal y falsedad en documento público, relacionados con la expedición de sus títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable.
Según las evidencias, Guerrero y Gutiérrez, quien asumió la responsabilidad en un acta interna, entregaron títulos a una estudiante que no cumplía con los requisitos establecidos, como la aprobación de las pruebas Saber Pro y TyT. Gutiérrez justificó su acción argumentando que actuó para facilitarle oportunidades laborales a la estudiante, confiando en que cumpliría posteriormente con los exámenes.
La Fiscalía ha solicitado una audiencia de imputación y evalúa la posible imposición de medidas de aseguramiento domiciliario contra Guerrero, quien continúa en funciones oficiales, actualmente como delegada presidencial en la Universidad Popular del Cesar. El desarrollo de la audiencia será crucial para definir el proceso y posibles sanciones, además de revisar los procedimientos internos de la fundación que podrían haber facilitado estas irregularidades.
Por el momento, el Gobierno Nacional no ha realizado declaraciones oficiales respecto a la posición de Guerrero en el gabinete. La resolución de este caso podría tener un impacto determinante en su carrera pública y en la transparencia de los procesos educativos relacionados.
