La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y dictó medida de aseguramiento en prisión contra Jhon Alexander Mora Mora por su presunta participación en una red de estafas relacionadas con Viviendas de Interés Social (VIS) en Villavicencio, Meta. Las investigaciones indican que entre 2022 y 2025, Mora Mora logró engañar a al menos 34 víctimas, a quienes les prometió obtener cupos asegurados para viviendas en proyectos urbanísticos, obteniendo un monto superior a 22 millones de pesos.
Según el vicefiscal encargado, Mora Mora se presentaba como líder religioso y funcionario de gobernaciones y municipios, simulando tener contactos con autoridades locales y regionales. En algunos casos, también se hacía pasar por servidor público o integrante de grupos pastorales, utilizando estas identidades para inducir en error a las víctimas y solicitar dinero a cambio de la supuesta gestión o adjudicación de viviendas que nunca fueron entregadas.
Durante la audiencia, el fiscal detalló que Mora Mora actuaba de manera dolosa, recibiendo aproximadamente 22.379.000 millones de pesos de sus víctimas, quienes en ningún momento recibieron las viviendas prometidas. La Fiscalía ha recogido testimonios y pruebas que corroboran que ninguna de las víctimas fue beneficiada, enfrentando pérdidas económicas y desinformación.
El caso fue llevado ante la justicia por un fiscal de la Seccional Meta, quien imputó a Mora Mora los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y suplantación de funciones públicas. El fiscal resaltó la gravedad del delito, que ha aumentado en el país, especialmente cuando se usan identidades falsas para engañar a particulares y afectar a comunidades vulnerables.
El procesado, que no aceptó los cargos, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. La investigación revela que estas redes de estafas, que también involucran la suplantación de funcionarios y cobros ilegales, han perjudicado a numerosas familias rurales en distintas regiones colombianas, especialmente en Tolima, donde se reportaron más de 56 víctimas en un esquema en el que una exrepresentante social exigió hasta 2 millones de pesos por supuestas adjudicaciones de predios.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha documentado estos hechos y ha presentado 39 acciones penales ante la Fiscalía, además de otras 13 denuncias provenientes de mesas de trabajo entre entidades. Solo en 2025, la ANT ha recibido 971 quejas relacionadas con fraudes similares en todo el país, evidencian la magnitud y gravedad de estos delitos.
