La Fiscalía General de la Nación en Colombia está próxima a decidir si llama a indagatoria y vincula formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su investigación por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, así como por los casos de La Granja en 1996 y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. La revisión judicial de estos hechos, que se extiende por más de 20 años, se realiza en un contexto electoral marcado por la polarización política y ha cobrado nuevo impulso en las últimas semanas, según informes de Semana.
Las indagatorias apuntan a investigar las posibles responsabilidades del entonces gobernador de Antioquia, Uribe, en las violaciones a derechos humanos cometidas por grupos armados ilegales en el departamento durante los años 90. La defensa del expresidente, a cargo del abogado Jaime Granados, afirmó que no existen pruebas concluyentes que justifiquen su vinculación formal en estos casos.
Granados aseguró que respecto a la masacre de El Aro, los análisis técnicos, incluyendo registros de vuelo y testimonios de pilotos de la Gobernación, descartan la presencia de aeronaves oficiales en la zona durante esos días. Además, argumentó que registros oficiales y testimonios verifican que Uribe se encontraba en Medellín y Bogotá en las fechas señaladas, lo que hace improbable su participación.
Sobre las declaraciones del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, quien afirmó haber visto a Uribe en El Aro, la defensa sostiene que el entonces mandatario cumplía agendas públicas en otras ciudades y cuenta con apoyo en registros oficiales y testigos. En relación con La Granja, Granados indicó que actas de consejos de seguridad muestran que Uribe solicitó refuerzos militares y policiales en la zona, aunque no tenía mando directo sobre esas fuerzas.
En cuanto al homicidio de Jesús María Valle, el abogado manifestó que no existe evidencia de la implicación directa del expresidente, aclarando que los autores materiales fueron grupos paramilitares vinculados con la organización de Carlos Castaño.
Un aspecto crítico del expediente involucra testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien ha sido clave en algunos señalamientos tras cumplir condenas en Estados Unidos y retornar a Colombia. La credibilidad de estas declaraciones ha sido cuestionada, junto con los relatos del exparamilitar Villalba Hernández, debido a dudas sobre su veracidad y motivaciones.
El ambiente político en el país influye notablemente en las etapas del proceso judicial. Uribe ha señalado en redes sociales que ciertas acusaciones buscan fines políticos electorales, y que no existen pruebas definitivas tras décadas de investigación. La posible vinculación del exmandatario genera tensión en medio de un escenario electoral en plena efervescencia y en medio de un historial judicial complejo que se ha extendido por varias administraciones.
