La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y otros exdirectivos, por manipulación de información financiera, en un caso que revela fallas en el control y vigilancia del sector salud en Colombia. Entre 2019 y 2022, los acusados presuntamente falsearon informes financieros para renovar la licencia de operación de la EPS y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, pese a registrar pérdidas continuas. La investigación identificó 3.419.015 facturas vinculadas a deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que fueron ocultadas y no procesadas, afectando la veracidad de los reportes financieros presentados a la junta directiva y accionistas. Además, se señala que los exfuncionarios presentaron utilidades ficticias por más de 70.500 millones de pesos, con el fin de cubrir obligaciones y aparentar solvencia inexistente. Los informes adulterados también fueron entregados a la Superintendencia, buscando mantener la licencia vigente y evitar destituciones. La Fiscalía advierte que estos hechos limitaron la acción de los órganos de control y perjudicaron a miles de usuarios de la EPS. Los implicados enfrentan cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión en control de recursos y, en el caso de Cardona Uribe, peculado por apropiación. La audiencia preparatoria de juicio está programada para el 23 de febrero de 2026. La investigación evidencia que estas irregularidades influyeron en decisiones de inversión y en el uso de recursos, incluyendo la dirección de utilidades para pagar deudas anteriores. La Procuraduría General de la Nación, en diciembre de 2025, dispuso el cierre del proceso disciplinario contra Cardona Uribe, tras analizar los elementos de la investigación y confirmar que no existen procedimientos abiertos en su contra en ese momento. La autoridad disciplinaria notificará oficialmente a Cardona y su representante legal, recordando que, aunque el proceso ha sido archivado, las partes pueden presentar recursos de apelación dentro de los plazos legales.