La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresó su desacuerdo con la petición realizada por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, para otorgar seguridad a cinco cabecillas del Clan del Golfo en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La comunicación, enviada el 6 de febrero, responde a la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, mediante la cual Patiño solicitó la suspensión de órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, para unos integrantes de ese grupo armado ilegal. La fiscal explicó que, según la Ley de Paz Total, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los miembros de las organizaciones criminales en las ZUT no corresponde a la Fiscalía, sino al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa. La normativa vigente, citada por Camargo, establece que en esas zonas las órdenes de captura, incluyendo las de extradición, quedan suspendidas hasta que el Ejecutivo determine que el proceso ha finalizado. La funcionaria también criticó que la lista remitida al Gobierno solo incluya a cinco miembros, a pesar de que estos ocuparían tres ZUT y que al menos dos tienen órdenes de captura vigentes con fines de extradición, además de conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia para su entrega a Estados Unidos. Finalmente, resaltó que la permanencia en las ZUT está condicionada a la actitud de paz y convivencia de los involucrados, y reiteró que las funciones de la Fiscalía en este proceso son limitadas respecto a la protección de los integrantes del grupo armado durante su desplazamiento.
