La disputa judicial sobre la investigación de presuntos fondos ilícitos relacionados con la adquisición de una propiedad en Pilar, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), continúa en curso. El fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, pidió que la causa sea revertida al fuero Penal Económico, tras un fallo que la asignó al Juzgado Federal de Campana. La investigación analiza si el dinero utilizado para adquirir bienes en Pilar, valuados en 17 millones de dólares, proviene de maniobras de lavado de dinero, presuntamente operadas a través de sociedades gastadas como pantalla.
El conflicto de competencia surgió cuando la Cámara Federal de San Martín, con firma del juez Alberto Lugones, ordenó que la causa permaneciera en la provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción del juez Adrián González Charvay, con base en que los bienes, incluyendo automóviles de lujo y un haras, están ubicados en Pilar. La defensa de Luciano Nicolás Pantano, presunto testaferro con su madre Ana Conte, había solicitado que el expediente se trasladara a Campana, debido a que los hechos ocurrieron en esa jurisdicción. Sin embargo, el juez González Charvay se inhibió, y Aguinsky, del juzgado de Campana, rechazó la inhibición.
El fiscal Cearras argumenta que la investigación debe continuar en la órbita del fuero Penal Económico, específicamente en el juzgado de Marcelo Aguinsky, porque la base de la posible defraudación reside en fraudulenta administración en perjuicio de la AFA, cuyo sede social está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal sostiene además que la ubicación geográfica del inmueble no es la única clave para determinar la competencia, dado que los movimientos patrimoniales se consolidaron en Pilar, donde además se encuentran automóviles, un helipuerto y un establecimiento equino.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín también resaltó el cambio de domicilio de la AFA en Pilar, inscrito en noviembre pasado, como elemento para justificar la competencia en esa jurisdicción. Sin embargo, Cearras presentó un recurso argumentando que la decisión fue incorrecta y que no corresponde que un tribunal superior del juez anterior decida sobre esta disputa. El Ministerio Público añadió que los delitos de lavado muchas veces trascienden límites territoriales, por lo que la causa debe ser vista por el juzgado de la Capital.
La resolución final sobre esta disputa de competencia será dictada por la Cámara Federal de San Martín, que podrá remitir el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia en lo penal del país. En caso de rechazo de la apelación, el fiscal Cearras puede acudir directamente ante el máximo tribunal para solicitar la revisión del fallo.
Mientras tanto, las investigaciones en curso incluyen procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria incautó documentación relacionada con vuelos en helicópteros vinculados a la mansión en Pilar. Los pilotos han declarado que los aterrizajes en la propiedad se realizaron como vuelos de entrenamiento, aunque esta versión genera dudas, dado el costo operacional de esas operaciones sin pasajeros. La justicia busca esclarecer si las sociedades utilizadas para las compras y el dinero transferido corresponden a maniobras fraudulentas contra la estructura de la AFA, en medio de las múltiples investigaciones que aún están abiertas.
