La industria minera en Perú enfrenta serios desafíos para mantener su competitividad debido a la falta de reglamentos clave y la inestabilidad en cargos estratégicos del sector eléctrico, lo que ha causado retrasos en la implementación de reformas para integrar energías renovables. La reciente designación de Nilo Rubén Pereira Torres como viceministro de Electricidad en 2026 agrava la paralización normativa, afectando áreas como licitaciones, servicios complementarios y regulaciones para sistemas aislados.
Según Riquel Mitma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), la demora en la modernización legislativa expone a la economía peruana a riesgos estructurales, insinuando una pérdida de competitividad en sectores intensivos en consumo energético, como la minería, que requiere tarifas eléctricas estables y asequibles. Actualmente, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mantiene en suspenso esta agenda.
Mitma advierte que la falta de reglas claras para facilitar la integración de energías renovables puede reverberar en costos más altos en el sector eléctrico, impactando toda la cadena productiva y contribuyendo a la inflación. La propuesta de reforma busca substituir las prácticas de contratación opacas y recurrir a procesos transparentes mediante licitaciones abiertas, que actualmente están limitadas en su alcance y transparencia.
Estas licitaciones, que deberían incluir a distribuidoras públicas y privadas, aún carecen de información clara sobre volúmenes y calendarios de contratación, afectando la planificación de empresas e inhibiendo la competencia. La regulación propuesta contempla la publicación de todos los contratos futuros, para ofrecer señales precisas a los inversionistas y promover la diversificación tecnológica.
Uno de los elementos centrales del cambio normativo es la separación de la contratación de potencia y energía, permitiendo que tecnologías como solar y eólica compitan en los horarios donde son más eficientes, eliminando la obligación de integrar ambos en un solo paquete. Este esquema busca potenciar la participación de renovables y tecnologías flexibles como baterías, aunque ha generado resistencia en las centrales termoeléctricas, que ven en esta medida una amenaza a su hegemonía.
El mercado peruano actualmente carece de un marco regulatorio definido para los servicios complementarios necesarios para la estabilidad del sistema eléctrico, como reservas de frecuencia y sistemas de arranque rápido. La ausencia de regulación formal obliga a que proyectos renovables asuman costos adicionales para cumplir con requisitos de respaldo, elevando el costo de inversión y limitando la expansión de energías limpias.
Mitma enfatiza que solo con la aprobación de reglamentos pendientes y una mayor apertura en procesos de licitación se podrá reducir la dependencia del gas natural, que actualmente aporta el 40% de la matriz eléctrica y tiene una vida útil estimada de 13 años. La falta de reglas crea un escenario en donde las inversiones en energías renovables se ven limitadas a vender energía a los operadores existentes, restringiendo la competencia.
La situación impacta directamente en el sector minero, que requiere tarifas competitivas para sostener su atractivo internacional. Mitma advierte que si se mantienen tarifas altas y poca competitividad eléctrica, la industria nacional perderá atractivo y se verá afectada la viabilidad de grandes proyectos en minería, que es uno de los principales consumidores de energía en Perú.
Por ello, la SPR insiste en que la demora en la modernización del mercado eléctrico y la apertura a nuevos actores compromete la capacidad del Perú para sostener un crecimiento económico sostenible a largo plazo, además de poner en riesgo la competitividad global del país.
