Guatemala enfrenta una creciente vulnerabilidad ante desastres naturales, situación que se agrava por la insuficiente gestión de riesgo en la planificación nacional. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Claudine Ogaldes, alertó que cada emergencia representa una deuda de desarrollo de aproximadamente 35 años, resaltando la urgencia de fortalecer las políticas preventivas.
Según una evaluación del ejercicio realizado, entre 2005 y 2019, las tormentas tropicales representaron el 46 % del impacto económico total, que alcanzó los 10.082.500 dólares. Este dato confirma que la prevención resulta más costo-efectiva para el Estado que responder, recuperar y rehabilitar tras una emergencia.
Las tormentas tropicales, que suelen desarrollarse entre mayo y noviembre, son la principal causa de daños económicos y sociales en el país. Sin embargo, en algunos años, sus efectos pueden extenderse más allá de ese periodo, como ocurrió en enero pasado con nuevas inundaciones en Izabal. La simulación de respuesta del 24 de febrero, coordinada por INSIVUMEH, incluyó escenarios similares a un terremoto de 1976, con la incorporación de cuatro sismos de diferentes magnitudes (7.5, 6.4 y 5.1 en escala Richter) para evaluar la capacidad multisectorial de respuesta y la pertinencia de los protocolos existentes.
Autoridades señalaron que muchos proyectos de infraestructura recientes no han aplicado la Guía para la Reducción de Impactos Potenciales (GRIP), una herramienta que establece criterios para la selección de zonas de construcción según los riesgos. Esta omisión ha provocado la edificación de escuelas y centros de salud en áreas vulnerables, comprometiendo la seguridad y la continuidad de los servicios básicos en emergencias.
En respuesta, CONRED, en colaboración con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, desarrolló durante el año pasado proyectos pilotos que incluyen criterios de gestión de riesgo, los cuales, una vez aprobados, deberán ser implementados obligatoriamente en futuras construcciones escolares y sanitarias para garantizar su funcionamiento durante catástrofes.
Expertos insistieron en que la gestión de riesgos debe ser un eje transversal en todas las fases de planificación y presupuestación del Estado y sus municipios. Ogaldes destacó que la mayoría de los impactos ocurren en temporadas de tormentas tropicales, entre mayo y noviembre, extendiéndose incluso en enero en regiones como Izabal. La planificación para 2027 debe incluir de forma obligatoria el enfoque de reducción de riesgos, tanto en lineamientos técnicos como en recursos presupuestarios.
El objetivo, según CONRED, es que toda infraestructura en Guatemala cumpla con requisitos de resiliencia y seguridad que protejan a sus usuarios y no representen una carga adicional para el desarrollo nacional. La representante de la institución sostuvo que el centro de toda política pública debe ser la población y sus derechos, no solo sus necesidades. La inversión en fortalecer capacidades locales y aplicar rigurosamente las normativas existentes son estrategias clave para reducir costos y garantizar un desarrollo social seguro y sostenible en el país.
