Emiro Rojas Granados, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se entregó a las autoridades en Bogotá el 23 de febrero para cumplir una condena de 14 años de prisión por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego. La sentencia fue ratificada en octubre de 2025 por la Corte Suprema de Justicia, evidenciando avances en la lucha contra la impunidad en crímenes vinculados a ese organismo estatal.
La condena surge de investigaciones que vinculan a Rojas Granados con el grupo clandestino G-3, una estructura interna del DAS responsable de vigilancias, hostigamientos y amenazas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores durante los años 2000. La víctima, Duque, fue secuestrada en julio de 2001 y sometida a actos de intimidación como seguimiento con vehículos del DAS y pintadas amenazantes, hechos considerados crímenes de lesa humanidad por la justicia colombiana debido a su carácter sistemático y dirigido a silenciar la labor periodística.
Estos hechos se dieron en el contexto del trabajo investigativo de Duque sobre el asesinato de Jaime Garzón y las violaciones a derechos humanos relacionadas, enmarcados en una política estatal para obstaculizar el periodismo crítico.
La condena contra Rojas Granados, de 14.5 años, fue ratificada por la Corte en 2025 y atribuye la responsabilidad en torturas psicológicas sistemáticas contra la periodista durante su periodo como subdirector del DAS de 2002 a 2005. La justicia también señaló a Néstor Pachón Bermúdez, prófugo y condenado a 12 años, como operador directo en las tareas de hostigamiento, quien conducía los vehículos de vigilancia.
Pachón Bermúdez, quien también formó parte de la estructura del DAS, fue identificado como responsable de seguimientos y amenazas, y actualmente continúa prófugo. La investigación revela una estructura jerárquica que garantizaba la impunidad de quienes ejercían acciones represivas contra periodistas y defensores sociales.
Aunque Rojas Granados se encuentra en custodia, su ubicación aún no ha sido confirmada oficialmente, generando dudas sobre el cumplimiento efectivo de la condena. La lucha contra estos crímenes en Colombia se considera un paso importante en la búsqueda de justicia, según reportes de El Espectador y otras fuentes internacionales, en el marco del historic reconocimiento de crímenes de Estado y la necesidad de esclarecer la verdad histórica.
