El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, consiguió una suspensión definitiva en un fallo judicial que podría permitirle reincorporarse a su cargo, tras ser acusado por posesión de drogas junto a su esposa y su chofer, hechos ocurridos en enero de 2026. La decisión del juez de distrito anula la destitución temporal de Fanny Guillermo Maldonado, quien fue nombrada sustituta desde el 13 de enero por el Consejo Universitario.
Tras esta resolución, la designación de Maldonado queda sin efecto y podría proceder a su destitución formal. La suspensión otorga a Abud la posibilidad de recuperar su posición como rector, aunque no se han divulgado detalles específicos sobre el fallo legal.
El 12 de enero de 2026, Abud fue arrestado junto a su esposa y su chofer en Campeche, acusados inicialmente por posesión de sustancias ilícitas. Días después, su defensa logró su liberación tras haber estado en el Centro de Reinserción Social (Cerso). En un comunicado, Abud denunció que durante el arresto fueron agredidos físicamente y verbalmente por elementos de la fiscalía, acusando violencia y acoso prolongados durante más de tres años.
El exrector afirmó que la intervención violó la autonomía universitaria y que su destitución no fue legal, pues la ley establece que ante una ausencia temporal del rector, el secretario general académico debe asumir el cargo por hasta tres meses. Criticó que se hayan violado procedimientos internos y procesos judiciales en su contra, alegando que no existía justificación legal para el relevo.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha brindado respaldo legal a Abud, enviando abogados para acompañar su proceso y supervisar el desarrollo judicial. Además, Abud responsabilizó a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores, por posibles agresiones futuras contra él y su familia.
El académico agradeció el apoyo de la comunidad universitaria y la solidaridad expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en contra de lo que calificó como persecución política sin fundamentos. Esta situación ha generado debate sobre los límites de la autonomía universitaria y las garantías legales en los procesos de relevo en instituciones de educación superior en Campeche.
