El Gobierno de Cataluña presentó este sábado cuatro informes jurídicos que avalan la restricción a la compra especulativa de viviendas, una medida clave que el grupo parlamentario de Comuns ha considerado esencial para apoyar los presupuestos autonómicos. La iniciativa responde a la creciente escalada de precios en el mercado inmobiliario, que ha llevado a la presión por intervenir en la adquisición de inmuebles con fines ajenos a la residencia propia.
Los documentos fueron elaborados por un grupo de expertos conformado en noviembre de 2025, incluyendo al exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, así como a especialistas Rosa Fornas, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera. Estos análisis ratifican que la Generalitat de Cataluña cuenta con la capacidad legal para aplicar restricciones a la compra de viviendas con fines especulativos, fundamentándose en el marco legal vigente y en competencias constitucionales.
Jéssica Albiach, líder de Comuns en el Parlamento catalán, solicitó "valentía y voluntad política" para implementar las medidas, resaltando la "extrema urgencia" del problema derivado de prácticas especulativas que afectan al mercado de la vivienda en la región.
Uno de los informes principales, firmado por Viver i Pi-Sunyer, sostiene que las comunidades autónomas tienen la facultad constitucional de establecer límites a la propiedad privada mediante el derecho administrativo. El análisis destaca que el marco legal actual ofrece un amplio margen para legislar en relación a relaciones entre particulares, basándose en el principio de concurrencia de competencias, lo que legitima la acción del Govern en la regulación del mercado inmobiliario.
El abogado Pablo Feu elaboró un segundo informe donde vincula la intervención pública en el mercado de vivienda con el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda digna. Feu argumenta que la necesidad de regular la compra de propiedades responde además a alertas de la Unión Europea sobre los efectos nocivos de la especulación inmobiliaria, justificando una intervención administrativa en línea con el ordenamiento urbanístico.
Por su parte, Jaime Palomera concluye que condicionar la compra de viviendas para uso residencial está especialmente justificado en mercados tensionados, ya que ayuda a desplazar la demanda especulativa que limita el acceso a la vivienda y no contribuye a resolver las necesidades habitacionales.
Finalmente, Fuensanta Alcalá afirma que limitar las transacciones para evitar la especulación es jurídicamente viable y compatible con la normativa actual, sin evidenciar vulneraciones constitucionales. Con base en estos informes, la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, dirigida por Sílvia Paneque, junto con los grupos parlamentarios, trabaja en un marco legislativo que regule la compra en zonas de mercado inmobiliario tensionado.
El Govern señala que el mercado residencial catalán padece un "desequilibrio estructural" derivado de una demanda en aumento, junto con la escasez de viviendas públicas y asequibles, y fundamenta estas acciones en los artículos 47, 33 y 128.1 de la Constitución, así como en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía.
