Un panel multidisciplinario en Inglaterra elaboró 56 recomendaciones para disminuir el riesgo de demencia mediante políticas públicas basadas en evidencia científica, dirigidas a autoridades sanitarias y gobiernos. Publicadas en Nature Reviews Neurology, estas directrices ofrecen un marco integral y adaptable que se articula en cuatro ejes principales: comunicación efectiva de salud pública, intervenciones individuales, acciones a nivel poblacional y fortalecimiento de la investigación. La demencia representa uno de los mayores desafíos de salud pública mundial ante el envejecimiento acelerado de la población, especialmente en América Latina, España y otras regiones, donde se prevé que la prevalencia sumará 153 millones de casos en 2050. La presión sobre los sistemas de salud y las economías sigue en aumento, con costos mundiales que superaron los 1.3 billones de dólares en 2019.
El panel, integrado por 40 especialistas de distintos ámbitos —incluyendo académicos, médicos, defensores de pacientes y personas con experiencia en demencia—, utilizó el método Delphi para fusionar evidencia científica con perspectivas sociales. Tras un taller en Nottingham en 2024 y varias rondas de evaluación, se seleccionaron 69 propuestas iniciales, de las cuales 56 recomendaciones finales fueron validadas con base en el acuerdo mayoritario.
Las directrices destacaron la importancia de una comunicación clara y accesible, evitando términos alarmantes como “prevenir” o “eliminar”, y centrando los mensajes en reducir el riesgo a través de factores modificables como hipertensión, pérdida auditiva y aislamiento social. También recomiendan informar sobre acciones estructurales y evitar culpabilizar a los individuos, promoviendo la equidad y considerando la diversidad sociodemográfica.
En cuanto a intervenciones individuales, las recomendaciones priorizan el control de la presión arterial y la salud auditiva, y enfatizan que las políticas deben diseñarse para reducir desigualdades sociales sin reforzar estigmas. Respecto a las acciones poblacionales, se pide integrar la prevención en marcos nacionales de lucha contra enfermedades no transmisibles, incluyendo aspectos como el consumo de tabaco, alcohol, azúcar y contaminación del aire, además de mejorar la recolección y análisis de datos para evaluar impacto y facilitar la colaboración interinstitucional.
Para fortalecer la base de evidencia, las recomendaciones apuntan a ampliar la inversión en investigaciones sobre comunicación en salud, participación social y uso de datos nacionales, así como aceptar evidencia no experimental cuando los ensayos clínicos no sean viables. La adopción efectiva de estas políticas podría disminuir significativamente la incidencia de demencia en adultos mayores, promover vidas más saludables y reducir el impacto social y económico del trastorno, concluye el análisis de Nature Reviews Neurology.
